A la madrugada y en un solo paquete. Así se dio la aprobación de 268 amnistías en la Asamblea, considerado “un acto de injusticia” por el jefe de Estado, Guillermo Lasso, mientras la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori (PK), estimó que esto contribuirá a “reconciliar el país”.
Entre los 268 beneficiados constan, en su mayoría, defensores de la naturaleza o líderes comunitarios, pero también otras 60 personas que enfrentaban procesos judiciales por las violentas protestas de octubre de 2019. “Olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas”, señaló Lasso, tras mencionar que “el legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros”.
Los ganadores
El correísmo y Pachakutik -que desde hace mucho tiempo no había logrado una votación orgánica con los llamados rebeldes- lo tomaron como un triunfo. Paola Pabón y Virgilio Hernández, quienes enfrentaban cargos por supuesta rebelión, dejarán los grilletes.
Asimismo, quedarán en el olvido los procesos que por secuestro, terrorismo o sabotaje enfrentaban Leonidas Iza y Jaime Vargas, líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
“Con esto se reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia”, reaccionó Iza, y
aseguró que “la lucha contra el neoliberalismo continúa”.
Posibles pactos
La aprobación del informe se dio con 99 votos, esto es con siete más de los necesarios, aunque también hubo 16 votos en contra y 16 abstenciones.
Simón Pachano, analista, cree que hubo una estrategia de asambleístas cercanos al Gobierno para evitar que se lo acorrale desde la Asamblea. “Creo que esto abre una pequeña tregua, pero que puede ser muy corta. No creo que esto desactive lo que se venía viendo, que era el intento de desestabilización”, señaló.
Para el politólogo Arturo Moscoso, la oposición es “una organización francamente antidemocrática, que ahora se ha salido con la suya en el tema de las amnistías y que puede seguir chantajeando”.
El líder del PSC, Jaime Nebot, aseguró que hubo un pacto para “mantener una Presidenta de la Asamblea que actúa violando la Constitución, la Ley y la independencia de la Función Legislativa”, algo que fue negado por el oficialismo y Pachakutik.
“En esta Asamblea no existen acuerdos. No vemos por dónde los asambleístas que no nos dieron el voto para las amnistías de aquellos luchadores sociales, de aquellos perseguidos, creerían que hay acuerdo”, dijo Rafael Lucero, jefe de Pachakutik.
Para él, esto fue producto del “diálogo permanente” en la Asamblea. Agradeció al correísmo, asambleístas independientes y algunos de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) y de la Izquierda Democrática por haber votado a favor.
El oficialista Jorge Pinto, quien es parte del BAN, manifestó que en este bloque se dejó en libertad a sus integrantes para esta votación. “La verdad es que el día de ayer, la mayoría de bancadas se rompieron; pasó también en la ID que había tomado la decisión de votar por la abstención”, adujo.
El asambleísta Fernando Villavicencio (ind.), fue uno de los 99 que votó a favor, y reconoció que en esta decisión incidió el caso de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), quien en la misma sesión se salvó por un voto de ir a una evaluación para una posible destitución. “Nos arrinconaron. Estaba en juego la propia estabilidad de la Asamblea Nacional el día de ayer y, claro, sectores como el correísmo supieron aprovechar esta coyuntura y esta fragilidad”, mencionó.
Esta es una “revelación bastante interesante y grave”, dijo Esteban Torres, jefe de bloque del PSC, ya que significaría que las amnistías fueron a cambio de que Llori siguiera en la Presidencia.
Gobierno respeta la decisión
El consejero presidencial Diego Ordóñez, por su lado, dijo que la Asamblea debe responder sobre lo ocurrido y negó pactos. A su juicio, con esta decisión no perdió el Gobierno, sino la democracia. “Si el objetivo de la Asamblea Nacional fue el de dar un mensaje de pacificación, debió incluir en la amnistía, como era lo lógico, a todos aquellos que tuvieron participación en esos eventos”, precisó.
Por su parte, el expresidente Lenín Moreno publicó en Twitter: “Quienes atentaron contra la democracia en octubre de 2019 y pretendieron dar un golpe de Estado entre protestas, secuestros, destrucción de ciudades patrimoniales y actos de vandalismo, hoy han sido absueltos”.
Quienes atentaron contra la democracia en octubre de 2019 y pretendieron dar un Golpe de Estado entre protestas, secuestros, destrucción de ciudades patrimoniales y actos de vandalismo, hoy han sido absueltos con 99 votos por la Asamblea Nacional como si nada hubiera pasado.
— Lenín Moreno (@Lenin) March 10, 2022
Investigaciones contra 60 procesados por paro del 2019 quedaron sin efecto
De las 268 personas que recibieron una amnistía por parte de la Asamblea,
60 enfrentaban procesos judiciales por 11 delitos relacionados con el paro de
octubre del 2019.
Entre ellos había quienes enfrentaban investigaciones penales
por paralización de servicios públicos o daños a bienes ajenos.
Expertos coinciden que la decisión de la Asamblea no
exime a esas personas de enfrentar demandas civiles o administrativas para
reparar los daños provocados a bienes ajenos o públicos.
El penalista Gabriel Ponce cita el ejemplo del incendio en la Contraloría.
Explica que la Procuraduría puede aplicar una medida extrapenal para lograr una
reparación material por los daños producidos en ese inmueble.
De hecho, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, expresó su inconformidad
ante la decisión de la Asamblea Nacional.
Dijo que el Legislativo ofende a Quito al
amnistiar a los involucrados en las manifestaciones del 2019. Ellos “sembraron
el terror y cometieron actos vandálicos contra la capital”, expresó.
El Ministerio de Gobierno calificó de
“irresponsable e injusta” la decisión. Además, la entidad se solidarizó con
Quito, sus habitantes y “con aquellas familias que vieron afectados sus
negocios a causa de los saqueos”.
En cambio, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el exasambleísta
Virgilio Hernández, el presidente de la Conaie Leonidas Iza y el dirigente
indígena Jaime Vargas celebraron la acción del Parlamento. Los
cuatro enfrentaban procesos penales por el paro, sin embargo, se beneficiaron
de las amnistías.
Por ejemplo, Iza, era investigado por supuesto secuestro, instigación, daño
al bien ajeno y terrorismo. Él dijo que se reivindicó “la lucha social, el
derecho a la resistencia y la democracia”.
Pabón agradeció al Legislativo, y a la bancada del correísmo, por el
resultado de ayer. En su cuenta de Twitter escribió: “Quiero agradecer la
valentía de la Asamblea y de quienes votaron a favor de poner fin a una
práctica nefasta como es la persecución política a través del uso de la
justicia”. Ella y Hernández estaban llamados a juicio por presunta rebelión.
Sin embargo, con la amnistía esa acción penal se extingue. Así lo detalla
el Código Integral Penal (art. 72). El
constitucionalista André Benavides dice que los beneficiados ya no pueden ser
investigados o sancionados por esos ilícitos.
El pasado 9 de marzo, los asambleístas de Creo y del Partido Social
Cristiano (PSC) dijeron que las amnistías no se podían aplicar en todos los
casos, sino únicamente, en los que existan sentencias ejecutoriadas, es decir,
que la condena haya sido ratificada por tres instancias judiciales. Sin
embargo, este Diario habló con tres penalistas y todos coinciden que no es
necesario que haya una sentencia en firme. Aseguran que ese recurso legal se
puede aplicar en cualquier fase del proceso penal.
Por ejemplo, El 56,9% de las personas amnistiadas tenían sus causas
judiciales en investigación previa. Es decir, 163 de los 268. Además, 32
personas estaban llamadas a juicio. Había cuatro sentenciados y uno estaba en
juicio.
Ahora, los amnistiados podrán presentar en los juzgados una copia
certificada de la decisión de la Asamblea. Luego, los magistrados, en
audiencias, dispondrán que se ejecute inmediatamente la extinción de la pena,
el levantamiento de las medidas cautelares o la anulación de las sentencias.
