Azuay tiene la Corte de Justicia más antigua del Ecuador. Acaba de cumplir 200 años de existencia y para celebrar esta solemnidad se realizaron varios encuentros académicos y sociales. Este 2022 la dirección de esta dependencia está a cargo de una mujer, apenas la tercera en dos siglos de existencia. Esa mirada femenina pretende propiciar un servicio incluyente, transparente y que convenza a la ciudadana de que la Función Judicial no está contaminada con la corrupción. Alexandra Vallejo fue elegida presidenta de la Corte para el periodo 2022–2024. Fue jueza de primer nivel en Gualaceo, jueza de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, encargada de la Defensoría del Pueblo y abogada en libre ejercicio.
Es un desafío el bicentenario porque se está acabando un ciclo, estamos empezando uno nuevo y tenemos muchos retos. Primero el que Azuay siga siendo un referente en el país. Aquí no ha habido actos de corrupción, todas nuestras resoluciones responden a lo que sucede en el proceso. No siempre las partes están de acuerdo, pero eso no significa que seamos buenos o malos. Es una responsabilidad gigantesca, se están rompiendo esquemas como el machismo que ha existido en todas las instituciones, en la galería de presidentes de la Corte durante los últimos 200 años solo existen dos mujeres. Tenemos más funcionarias y eso es importante porque hay avances basados en la Constitución donde se garantiza la igualdad y la no discriminación. Seguimos las directrices de la Corte Nacional, en donde se impulsa una justicia abierta, en donde se pretende que los jueces no resolvamos dentro de las oficinas, sino que transparenten sus acciones a través de la publicación en cuentas oficiales de los enlaces de las audiencias para que la ciudadanía ingrese y escuche a base de qué resolvemos un fallo. Todavía chocamos contra criterios enraizados de algunos jueces que no quieren asumir que la justicia ahora debe ser diferente. Con esto también se busca que se deje de mediatizar la justicia a través de redes sociales. Si hay un caso que genera revuelo, las personas casi nos dicen cómo debemos resolver. Eso es irresponsable, porque sin leer el proceso no se pueden dar opiniones. Otro problema de redes sociales es cuando la Policía acusa a jueces de dejar libres a presuntos delincuentes. Luego de atraparlos, la Fiscalía se vuelve titular de la acción penal, nosotros garantizamos derechos. Si en la audiencia de flagrancia el fiscal no pide medidas preventivas nosotros no podemos darla, así de sencillo. O cuando alguien está detenido mucho tiempo, se pide una audiencia de formulación de cargos y tampoco el fiscal tiene elementos de convicción claros para imputar un delito o iniciar una etapa de instrucción, ¿entonces qué hacemos los jueces? Eso debe entender la ciudadanía para que se nos deje de responsabilizar de todo.
Sí, y aparte de bajar esta presión y para que la ciudadanía sepa cómo se resuelve es necesario contar con un equipo de comunicación social para que informe temas puntuales en cada caso.
