El fin de semana hubo 20 asesinatos en una de las cárceles de máxima seguridad del país. Ya suman 351 las muertes dentro del sistema penitenciario entre 2021 y 2022. ¿Cómo se ve internacionalmente la violencia en las cárceles de Ecuador?
Se ve como un país que ha perdido el control de su sistema penitenciario. Se ve como un país en donde la población privada de libertad está a merced de grupos criminales y no de la tutela del Estado. Esta crisis muestra la necesidad urgente de una reforma estructural del sistema penitenciario y del sistema de justicia.
Precisamente, el poder que tienen las mafias en las cárceles del país es alto. ¿Cómo un país llega a esta situación?
Se unen varias situaciones adversas. Se combinan el hacinamiento, sobrepoblación, condiciones inhumanas, falta de servicios, violaciones a los derechos humanos y corrupción. Todo esto hace que la cárcel opere en dirección contraria a la rehabilitación. Termina deshumanizando a las personas privadas de libertad y favorece su resocialización criminal.
Informes estatales han señalado que en las cárceles existe una gran presencia de mafias. ¿Qué estrategias utilizan para expandirse?
De las experiencias vistas en cárceles de Brasil, México y El Salvador, se conoce que muchas organizaciones criminales consolidan su poder en las cárceles a través de la corrupción. Así tienen acceso a armas, drogas y compran voluntades. Estos aspectos les dan el control en las cárceles y van comprando más soldados, como jóvenes con penas por delitos menores.
¿Los amotinamientos son parte de las estrategias para desviar la atención del Gobierno sobre sus actividades ilícitas en el exterior?
En algunos casos, cuando hay organizaciones delictivas que controlan varios centros, sí se puede dar una serie de amotinamientos masivos. Es una expresión de la falta de control del Estado en los centros penitenciarios. Pero también en muchos casos los amotinamientos están derivados a los niveles de deshumanización y tratos crueles en las cárceles.
De seguir con esta violencia en el sistema penitenciario, ¿qué escenario podría enfrentar Ecuador próximamente?
Esta violencia se trasladará cada vez más a las calles. Si las estructuras criminales continúan con su fortalecimiento se apoderarán de barrios, comunas y ciudades. Eso puede desencadenar en Ecuador una criminalidad organizada.
La Policía ha reportado presencia de bandas en todo el perfil costanero del país. En la Sierra y la Amazonía aún no hay datos consolidados. ¿Es posible que puedan expandirse a estas regiones?
Claro que sí, las estructuras pueden expandirse a todas las zonas.
¿Cómo frenar esa expansión?
Implica reformas estructurales en el sistema. Uno de ellos es la clasificación de detenidos por su grado de peligrosidad. Se puede también desarticular las estructuras destinándolas a penales distintos.
En diciembre, el presidente Lasso creó una Comisión de Diálogo Penitenciario. Tres meses después no hay tregua o un proceso de paz. ¿Estos entes son una solución para la violencia existente?
Hay un conjunto de medidas que las autoridades penitenciarias deberían analizar. Esta vía, de constituir comisiones de mediación para desmontar los conflictos, puede ser útil en cierto momento, pero no necesariamente sostenible si
no se transforman las condiciones estructurales. Es decir, mejorar temas como la sobrepoblación, el abandono, el déficit de programas de rehabilitación y del uso del ocio. Obviamente tampoco ayuda si no se erradica la corrupción del sistema carcelario.
El Gobierno no descartó la posibilidad de privatizar las cárceles. ¿Esto ayuda a evitar más hechos de violencia?
Experiencias en otros países muestran que hay una tendencia para privatizar las cárceles. Bajo esta lógica, estos servicios se han convertido en un negocio muy lucrativo y esto ha provocado que en muchos Estados se haga un abuso de la cárcel, incluso como pena preventiva, en la medida de que cada ingreso representa una ganancia. Es una lógica perversa. Lo ideal es que los Estados se fortalezcan en sus capacidades de rehabilitación y reinserción.
