La Asamblea no ha jugado un papel importante cuando se cumplen seis días de movilizaciones en el país. La propuesta de ser mediadores del presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, no tuvo eco el jueves pasado. Las bancadas coinciden en defender la institucionalidad y apartarse de la muerte cruzada.
Saquicela aseguró que el país necesita estabilidad. Aunque la figura de la muerte cruzada ha estado en el debate desde hace 11 meses.
Tras la salida de Guadalupe Llori, Saquicela asumió la presidencia con el apoyo de una nueva mayoría, que incluye a Unión por la Esperanza (Unes), al partido Social Cristiano (PSC), a parte de la Izquierda Democrática (ID) y a Pachakutik (PK).
Para llegar a esta mayoría estuvieron de por medio conflictos no solo entre bancadas sino al interior de las mismas organizaciones políticas. Por ejemplo, ID y el mismo PK sufrieron fracturas entre sus respectivos asambleístas.
Sin embargo, tras el nombramiento de Saquicela y la división que ocasionó, hoy los bloques comparten la posición de su presidente: no se discute la muerte cruzada y, con excepción de PK, que no se pronuncia abiertamente sobre la necesidad de que Lasso culmine su periodo, el resto coincide en que no es momento de más inestabilidad política.
Saquicela hizo tres planteamientos: la muerte cruzada no es una posibilidad; el Gobierno debe culminar el periodo para el que fue elegido y, finalmente, que la Asamblea puede mediar en el conflicto.
En los dos primeros, el PSC, ID, la Bancada del Acuerdo Nacional (oficialismo) y PK se muestran de acuerdo con el principal del Legislativo. Este Diario intentó obtener una respuesta de la jefa del bloque de Unes, Marcela Holguín, pero no fue posible.
El jueves pasado, la legisladora señaló a la prensa: “No se ha hablado, no se ha barajado ninguna opción desde la Asamblea que pueda prever una posible muerte cruzada ni juicio político; eso no se ha hecho y habrá que ver un poco la respuesta del Gobierno frente a los requerimientos ciudadanos”.
Esteban Torres, del PSC, fue enfático al decir que el país no gana nada en este momento si se genera más inestabilidad política. Dijo que el paro debe resolverse con diálogo y sin la violencia.
Para Marlon Cadena, de la ID, lo que se requiere es fortalecer la institucionalidad del Ecuador y aseguró que a través del diálogo se debe resolver el conflicto. Nathalie Arias, del oficialismo, en cambio, dijo que pese a que su bloque tuvo reparos con el nombramiento de Saquicela como principal de la Asamblea, han coordinado acciones para no afectar al trabajo.
En ese marco coinciden en que no es una opción actualmente la muerte cruzada. Solamente PK no se pronuncia al respecto.
Salvador Quishpe, jefe de ese bloque, dijo que los presidentes no se caen por decreto.
Añadió que el Gobierno debe escuchar los planteamientos de la Conaie y de eso dependerá la finalización de las manifestaciones.
Para el analista político Esteban Ron, lo dicho por Saquicela se puede entender como un mensaje entre líneas relacionado con una eventual declaratoria de estado de excepción por grave conmoción interna. Y la Ley establece que eso es una causal para la muerte cruzada.
Aunque la Asamblea y el Gobierno han descartado aplicar ese mecanismo, para Ron, que el Legislativo deseche esa opción garantizaría de que el estado de excepción no juegue en contra del Gobierno. En cuanto a la mediación, esta no tuvo acogida.
Las cuatro fuerzas políticas coincidieron en que ese no es el papel que debe jugar la Asamblea.
Arias señaló que al existir en el Legislativo una importante representación de quienes impulsan el paro, no habría objetividad.
Quishpe fue más crítico al decir que no solo el Ejecutivo está en deuda con la ciudadanía sino también la Asamblea y en ese escenario no podrían ser mediadores.
Añadió que deben ser organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Iglesia.
El único pronunciamiento oficial por parte del Legislativo se produjo recién el jueves pasado.
Con 95 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución planteada por Quishpe.
En ella se plantea que la Función Judicial haga una vigilancia sobre posibles detenciones ilegales de manifestantes. También exhortó a que quienes protestan lo hagan dentro de los límites que establece la Constitución.
Sin embargo, un punto importante es que exhorta al Gobierno Central a que viabilice, de forma urgente, las propuestas de la Conaie y de otros sectores sociales y productivos del país.
Si bien fue aprobado de forma mayoritaria, también hubo abstenciones. En total, 36 legisladores votaron en ese sentido. Esos votos vinieron, sobre todo, del oficialismo y del PSC. Este último emitió un pronunciamiento sobre un no apoyo a las paralizaciones.
La mañana de ayer, 17 de junio, el dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, insistió en que las manifestaciones se mantendrán mientras no haya respuesta a sus 10 pedidos. Planteó que en 48 horas se prepararán con lo necesario para caminar hacia Quito. El Gobierno toma medidas para evitar incidentes.
