A lo largo de las jornadas de protestas, las autoridades de Ecuador confirmaron la muerte de cuatro personas . Los decesos se identificaron en distintos días de las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra del actual Gobierno.
En cada caso, la Fiscalía General anunció la apertura de una investigación previa en cada caso de esas cuatro muertes. El objetivo es determinar la causa y hallar a los responsables.
En cambio, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos asegura que son cinco fallecidos. Además, sostiene que se han registrado 64 vulneraciones a los derechos humanos.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) asegura que son siete las personas que han muerto durante el paro “en manos de policías y militares”.
1.- Guayabamba: Jhonny Muenala, de 22 años de edad, fue el primer fallecido registrado en el contexto de las protestas. Según la Policía, el joven cayó en una quebrada cuando se movilizaba a Quito con otros manifestantes. Murió a causa de múltiples lesiones. El hecho ocurrió en el sector del redondel de Collas, en Guayllabamba. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que el ciudadano cayó mientras huía de la represión policial.
2.- Puyo: Un manifestante murió en Puyo, Pastaza, en el marco de la protesta social. Esta muerte ocurrió el 21 de junio del 2022. El fallecido se llamaba Byron Guatatuca. Era un hombre Kichwa de la comuna de San Jacinto. Según el movimiento indígena, el deceso ocurrió a causa de un disparo a quemarropa por parte de la Policía Nacional. En cambio, el ente de seguridad asegura que el manifestante murió tras manipular un artefacto explosivo.
3.- Parque El Arbolito: Tras un enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y organizaciones de derechos humanos denunciaron que una persona murió por un “trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones”. El hecho ocurrió el 23 de junio del 2022, en el parque El Arbolito, centro-norte de Quito. La Policía insiste que no utiliza perdigones para controlar el orden público.
4.- San Antonio de Pichincha: La noche del 23 de junio del 2022, hubo el deceso de otra persona en San Antonio de Pichincha en el contexto de las manifestaciones. La Policía confirmó que el hombre murió tras recibir un impacto de arma de fuego. La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer este caso. El hecho se produjo durante un incidente violento entre militares y manifestantes. Un grupo de personas agredió a soldados que brindaban seguridad a un convoy de alimentos. 17 militares resultaron heridos. Además, fueron destruidos tres camiones de uso militar.
El fallecimiento de esas personas, durante las movilizaciones, abrió el debate sobre cómo se realizan las investigaciones de muertes de ciudadanos en manifestaciones sociales.
La Policía señala que el protocolo de investigación es similar al de una muerte por siniestro de tránsito o una muerte violenta por criminalidad. En todos los casos se practican diligencias, se recaban indicios como el arma homicida, huellas dactilares, restos de ADN, entre otros. También se recogen versiones de testigos y se hacen pericias de los videos de las cámaras de seguridad. Todas las evidencias se guardan bajo cadena de custodia. Además, personal técnico realiza el levantamiento del cadáver.
Sin embargo, hay procedimientos que varían. Agentes que investigan muertes saben que una de las diferencias radica en la autopsia médico legal, que se realiza al cadáver cuando llega a la morgue.
En la mayoría de casos, esta experticia la realizan médicos legistas de la Policía Nacional, pero cuando se trata de un fallecido en el contexto de una protesta social, la autopsia la realizan peritos independientes y se conforma una junta de veedores para que vigilen el proceso.
Es decir que representantes de la Defensoría del Pueblo, de organizaciones de Derechos Humanos y de Fiscalía están presentes mientras se realiza la autopsia.
Por ejemplo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que la autopsia del manifestante que falleció en el Puyo se realizará de forma independiente, sin médicos legistas de la Policía y en presencia de delegados de la Defensoría del Pueblo. “Solo pedimos que ese procedimiento se realice con transparencia”, indicó.
Luego de realizar esa diligencia, los indicios recopilados en el lugar de los hechos y el informe del médico legista se envía por lo general a la unidad de Fiscalía especializada en Derechos Humanos para que continúe la investigación de la muerte de los manifestantes.
