La Fiscalía dio a conocer nuevos detalles del caso Danubio, este 22 de julio del 2022. En este proceso judicial hay ocho procesados por el presunto delito de asociación ilícita. Esto significa que dos o más personas se asociaron para cometer otros delitos.
Todos son señalados por supuestamente estar involucrados en presuntos actos de corrupción relacionados con la oferta de cargos de nivel directivo en instituciones públicas.
Según la Fiscalía, un grupo de personas se habrían “asociado para cometer delitos contra la eficiencia de la administración pública, específicamente tráfico de influencias”.
La entidad señala que buscaban a personas que tienen poder de decisión en las unidades de Talento humano de instituciones públicas, con énfasis en el Servicio Nacional de Aduanas (Senae).
El objetivo era poner una persona en el cargo de jefe de Operaciones o de Distrito para manejar las exportaciones e importaciones de la entidad.
“Para conseguir su objetivo, en este caso específico, habrían ofrecido alrededor de USD 3 millones a una de las asesoras de la Directora del Senae para que les permita disponer de ese cargo. El monto ofrecido iba a ser financiado por exportadores, a cambio de cobrar favores en un futuro”, señaló la Fiscalía.
La investigación de este caso inició en septiembre del 2021. La Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública elaboró un parte policial luego de recibir información a través de una llamada al 1800-DELITO. La alerta fue que se estaría cobrando dinero “por entregar puestos de trabajo, valiéndose de personas influyentes en el campo político y social”.
Durante la investigación, se recopilaron indicios como “comunicaciones (relaciones telefónicas) y evidencias de reuniones entre los involucrados y otras personas, en las que se concertaban las operaciones para cometer los presuntos actos ilícitos”, señaló la Fiscalía.
Esa entidad también asegura que, en esta presunta estructura delictiva, existirían roles que incluye a intermediarios y captadores de personas para ubicarlos en cargos.
Esta investigación se llevó a cabo principalmente en Quito, Guayaquil y Riobamba, donde se realizó el levantamiento de información necesaria para determinar el comportamiento delictivo de los presuntos involucrados.
Finalmente, el 21 de julio de este año se ejecutaron allanamientos en Guayas, Pichincha, Cotopaxi y Azuay. La Policía detuvo a las ocho personas. Además, se incautó de teléfonos celulares, dinero en efectivo (alrededor de USD 25 000), computadores, pendrives, documentación relacionada al presunto delito y hojas de vida de varias personas.
El Senae dijo que denunció presuntos actos de ilícitos contra la administración pública ante la Fiscalía. Esa entidad aseguró que, el 21 de julio del 2022, colaboró con el proceso de investigación que lleva adelante la Fiscalía General por el presunto delito de asociación ilícita». Dijo que entregó toda la documentación requerida del área de Talento Humano.
«La administración actual maneja con manos limpias las actividades aduaneras en el Ecuador, así como la designación de cada uno de sus colaboradores», señaló el Senae.
