La Fiscalía ya formuló cargos en contra de Darío Ch., alias ‘el morado’. Él es uno de los implicados en el atentado terrorista, que se registró el domingo 14 de agosto de 2022, en el barrio Cristo del Consuelo de Guayaquil.
Según el expediente judicial, el hombre de 34 años, ha sido procesado únicamente por el delito de tráfico de armas y no por asesinato o por terrorismo. Esto pese a que la Policía señaló públicamente que el sospechoso “sería el principal responsable del atentado terrorista”.
La institución, a través de un comunicado, señaló que como titular de la acción penal su obligación es probar sus acusaciones. Por eso, “únicamente puede hacerlo con los elementos recabados durante los operativos de control antidelincuencial ejecutados en Guayaquil”.
De allí que señala que “el aprehendido fue procesado por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, que son los elementos de convicción con los que se cuenta hasta este momento”.
En el comunicado de la Fiscalía, en ninguna parte se indica que alias ‘el morado’ fue parte o participó del atentado terrorista de Cristo del Consuelo.
El delito de tráfico de armas, por el que fue procesado el sospechoso, contempla penas que van desde los cinco a siete años de prisión. Así lo estipula el artículo 362 del Código Integral Penal (Coip).
Esa sentencia es menor a las sanciones que se establecen por los delitos de asesinato o terrorismo.
Este último, por ejemplo, estipula penas de 10 a 13 años de cárcel. Eso se indica en el artículo 366 del Coip.
Pero por el delito de asesinato una persona puede estar en prisión entre 22 y 26 años. Este ilícito está contemplado en el artículo 140 de la misma norma penal.
Alias ‘el morado’ actualmente se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. La Fiscalía tiene 30 días para investigar los hechos.
Esta no sería la primera vez que el sospechoso es beneficiado por la justicia. Sus antecedentes penales señalan que anteriormente ya fue procesado por un presunto delito de asesinato.
Ese proceso data de abril pasado y tiene relación con la tentativa de asesinato de siete personas en el sur de Guayaquil. En ese caso, un tribunal de jueces, conformado por Víctor Vaca Gonzales, Juan Paredez Fernández y Beatriz Cruz Amores, determinaron que no había suficientes pruebas para dictar la prisión preventiva. Por eso, le otorgaron medidas sustitutivas como el grillete electrónico.
En ese proceso, los jueces detallaron que la Policía no contaba con un informe médico legal sobre las personas heridas en el atentado. Tampoco tuvieron evidencia de armas.
Incluso, la Fiscalía no se interpuso en que los jueces otorguen medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
