La Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) asestó el golpe a miembros de dos conocidas bandas organizadas de Guayaquil. Los agentes de la Policía Nacional capturaron a 18 personas, presuntos extorsionadores también imputados en una amplia gama de delitos, la madrugada de este jueves 25 de agosto en la ciudad.
Los equipos tácticos de la Policía en coordinación con la Fiscalía forzaron puertas y allanaron al menos 16 domicilios en el norte del Puerto Principal. El operativo Control 43 se centró en Bastión Popular, Flor de Bastión y Pascuales, en el norte y noroeste de la ciudad.
El general Freddy Sarzoza, comandante de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, indicó que la investigación por delincuencia organizada se inició hace cuatro meses. “En base a la línea investigativa los detenidos estarían dedicados a extorsiones y secuestros, también a delitos contra la vida y a tentativas de asesinato, y especialmente con el tema de ‘vacunas’ extorsivas”, dijo.
La Policía decomisó en los allanamientos pistolas, revólveres, drogas, vehículos y teléfonos celulares. Mientras, los investigadores buscan establecer a través de los indicios vinculaciones con al menos 15 casos de sicariato, 23 tentativas de asesinato, así como a delitos como microtráfico de drogas. Ocho miembros de la banda operaban desde la Penitenciaría del Litoral.
Los presuntos extorsionadores ejercían presión a comerciantes y a propietarios de restaurantes a través de llamadas y distribuyendo hojas con amenazas. También establecían tarifas a cambio de no ejecutar atentados y actos violentos contra las víctimas, sus familias o contra los propios locales.
“De los 18 aprehendidos, 17 son ecuatorianos y uno de nacionalidad venezolana”, señaló Sarzoza. “En su gran mayoría tienen antecedentes penales por delitos comunes y otros delitos”.
La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, manifestó el miércoles 24 que los casos de las denominadas ‘vacunas’ se han extendido incluso a estudiantes de escuelas y colegios. Se trata de consumidores de droga que les exigirían pequeñas sumas de dinero a los alumnos, a la salida de los planteles, para evitar ser víctimas de robos, aseguró.
