Faltan menos de cinco meses para el inicio de la campaña y ya se registran crímenes y atentados a precandidatos en medio de la situación de violencia del país.
Miguel Ruiz (i), aspirante a la Alcaldía de Esmeraldas por Centro Democrático, sufrió un atentado el pasado 26 de agosto. Ya ha habido algunos casos de ataSEGURIDAD PRECANDIDATOS POLITICOSques a políticos en las últimas semanas. Foto tomada del Twitter del candidato
A Miguel ‘Miguelón’ Ruiz ya lo habían amenazado hace unos cinco meses. Que cuidado con seguir haciendo política porque lo lamentaría. Él denunció el hecho en la Fiscalía y siguió en su actividad como concejal de Esmeraldas. El pasado viernes 26 de agosto, el ahora precandidato a la Alcaldía de ese cantón por el movimiento Centro Democrático (CD) sufrió un atentado mientras se dirigía a un mitin en el barrio El Gatazo.
El incidente se registró a las 17:00 cuando tres sujetos, uno de ellos portando un fusil, dispararon al vehículo en el que se movilizaba Ruiz, con otras personas y un guardaespaldas.
Los hombres llegaron en un taxi de servicio ejecutivo cuyo conductor habría sido retenido en otro punto de la ciudad. Uno de los afectados señaló que el auto estaba parqueado en la vía principal de El Gatazo. Al ver el vehículo en el que llegaba el precandidato, los sujetos dispararon por varias ocasiones.
Las balas calibre 3,23 impactaron en el parabrisas del carro. Le ocasionaron siete perforaciones en la lámina de blindaje. El equipo de seguridad de Ruiz respondió al ataque. Él no resultó herido, pero sí uno de sus acompañantes. Este fue hospitalizado y se encuentra estable.
En un comunicado divulgado en sus redes sociales, Ruiz señaló al día siguiente que el hecho ya está en investigación: “Rechazamos rotundamente todo hecho violento que ponga en riesgo la vida de todo ciudadano y extendemos ese llamado emergente a las autoridades gubernamentales, ya que se debe intervenir y garantizar de manera inmediata la integridad de los esmeraldeños. La política no puede seguir dividiendo ni causando daño a nadie, al contrario, la buena política debe ponerse en práctica en busca de mejores días para nuestra ciudad”.
Enrique Menoscal, director nacional de CD, señala que el caso de Ruiz no es aislado. Todas las agrupaciones políticas están preocupadas por la seguridad de sus ‘cuadros’.
“Algunos políticos se protegen hasta donde les dan las sábanas; unos han contratado a alguien que los acompaña y puede dar puñetes, otros tienen profesionales más capacitados, e incluso armados; y otros contratan compañías de seguridad”, comenta.
Hay sitios donde los problemas son más graves, señala el dirigente. Esmeraldas es uno de ellos, por su cercanía con la frontera con Colombia. Pero de su experiencia personal señala otros más como El Triunfo o Durán, ambos cantones de la provincia del Guayas.
CD no lanzó aspirantes en el primero. “A la directora del partido le dijeron ‘no vayas a poner candidatos porque te los bajo. Nadie me aceptó, todos decían que tenían miedo”, indica Menoscal.
Y en el segundo tuvieron, hace pocas semanas, dificultades de ingresar a ciertos lugares a realizar encuestas porque les pidieron “vacunas” (pagos). “O les dábamos $ 200 o no nos dejaban pasar. Hasta ahí llegamos”, agrega el dirigente.
Justamente en Durán, el pasado domingo 28 de agosto, se dio otro incidente que involucró a Luis Chonillo, aspirante a la Alcaldía de la alianza Avanza-Construye-RETO-Renovación-Movimiento Durán Puede Más-Movimiento Ciudadano.
Según versiones periodísticas, unos sujetos habrían llegado hasta una reunión política en la cooperativa 28 de Agosto, en la que se encontraban el aspirante y su equipo de campaña, y realizaron varios disparos al aire como forma de intimidación.
Chonillo no ha querido dar muchos detalles del hecho, pero fuentes de su entorno indicaron que sí ocurrió. El pasado 29 de agosto emitió un breve comunicado que indicó que “se vieron lamentablemente expuestos a viejas prácticas en las que intentaron boicotear dicha actividad con hechos que no estaban relacionados con la misma” y que “no hubo pérdidas que lamentar”.
Una suerte distinta tuvo, en cambio, el periodista George Delgado, aspirante a concejal del cantón manabita de Manta por la alianza Revolución Ciudadana (RC)-Sí Podemos. Fue asesinado en la avenida Metropolitana de Montecristi, cuando se movilizaba en su vehículo. Sicarios lo atacaron con armas de fuego. La hija de Delgado viajaba con él, pero resultó ilesa.
La Fiscalía informó que dos personas fueron detenidas y se conoció que a una de ellas supuestamente le habrían pagado $ 2.000 por cometer el crimen.
En un comunicado, RC pidió una investigación exhaustiva del hecho y advirtió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que debe exigir al sector de la justicia que esclarezca los hechos para determinar si tienen relación con delincuencia organizada, común o son ataques a figuras políticas.
Menoscal señala que en el seno del Consejo Consultivo de las Organizaciones Políticas del CNE los dirigentes ya plantearon sus preocupaciones y exhortaron a que se busque la ayuda de las autoridades de Gobierno.
El problema, expresa, es que el acompañamiento y custodia de la fuerza pública suelen darse en el periodo oficial de campaña, que para este proceso electoral será del 3 de enero al 2 de febrero del año próximo. No antes. “Estamos lejos, pero ya hay actividades de precampaña, se camina, se lleva el mensaje… Entonces, lo que hacemos en muchos partidos nos estamos limitando, ya no llegaremos a ciertas zonas”, refiere.
Guillermo Celi, presidente nacional de Sociedad Unida Más Acción (SUMA), confirma que en efecto los directivos de las agrupaciones políticas han solicitado al CNE y al Ministerio del Interior que suscriban algún tipo de convenio o acuerdo para garantizar no solo la integridad de los aspirantes sino de los simpatizantes que concurran a las actividades políticas que se desarrollen.
“Es necesario precautelar la seguridad de los candidatos, obviamente dependiendo del análisis de la vulnerabilidad que puedan tener, y también un apoyo policial para cualquier evento masivo, en donde hay mayores posibilidades de atentados. Es la fuerza pública la que debe apoyar, en coordinación con el Consejo Electoral”, sostiene Celi, quien dice que en la próxima reunión del Consejo Consultivo insistirán en ese tema.
El coronel Mario Pazmiño, quien fue jefe de Inteligencia del Ejército, expone que todas las elecciones son “herramienta de penetración del crimen organizado para captar políticos en ciertas posiciones de la administración pública”. “Por lo tanto, van a hacer acercamientos y reclutamientos de candidatos. Algunos aceptarán y otros no. A estos últimos los amenazarán siempre”, dice.
Pazmiño señala que es común que los partidos políticos armen una estrategia de seguridad que empieza con la contratación de especialistas que elaboren un diagnóstico de riesgo (perfil y amenazas) y, con base en este, estructurar un equipo de protección para los aspirantes y sus familias. “Pero esto se dará con más fuerza en estas elecciones y las del 2025 porque la situación de inseguridad ha crecido en el país”, afirma.
El exoficial precisa que el diagnóstico puede costar entre $ 2.000 y $ 3.000. El costo mensual del equipo de custodia dependerá del número de integrantes y las funciones que cumplan: entre $ 1.000 y $ 1.500 por guardaespaldas; $ 1.000 por cada especialista de avanzada; y los de seguridad inmediata (o sea los que están más cerca del político) por sobre los $ 1.500.
“Por ejemplo, un candidato a alcalde en Esmeraldas tiene un nivel de exposición alto, por lo tanto va a requerir una mayor fuerza de seguridad, tres o cuatro personas a su lado”, manifiesta. Y esto se aplica para ciudades con altos niveles de inseguridad.
Pazmiño señala que el Estado no tiene ninguna obligación legal de custodiar a candidatos. Lo que usualmente se ha hecho es proteger a los aspirantes presidenciales que van a segunda vuelta, y a aquellos que lo soliciten con un análisis previo de sus condiciones de riesgo.
El Código de la Democracia no refiere nada puntual al respecto. En el artículo 21 de la norma se indica lo siguiente: “Durante el proceso electoral, los organismos electorales dispondrán la colaboración de las autoridades públicas, militares, policiales y del servicio exterior para la aplicación de las disposiciones de esta ley; asimismo, previo acuerdo, podrán demandar la colaboración de las personas jurídicas de derecho privado”.
