El exvicepresidente Jorge Glas ha recurrido al menos en nueve ocasiones al habeas corpus. El principal objetivo ha sido salir de la cárcel y cumplir sus condenas por actos de corrupción en libertad.
De esos nueve intentos, en dos ocasiones los jueces de primer nivel dispusieron su libertad. Sin embargo, en esas dos oportunidades, magistrados provinciales anularon esas resoluciones y por eso Glas sigue recluido en prisión.
Por ejemplo, el 9 de abril del 2022, el juez Javier Moscoso, de la Unidad Judicial Multicompetente de Manglaralto, en Santa Elena, le concedió ese recurso legal y dispuso su inmediata liberación.
Por esa razón, el 10 de abril del 2022, Glas salió de la cárcel de Latacunga y viajó a Guayaquil. Sin embargo, un Tribunal provincial de Santa Elena anuló todo lo actuado por Moscoso y el exvicepresidente regresó a la cárcel.
Algo similar ocurrió con el juez de Portoviejo, Banny Molina. El 8 de agosto pasado, el magistrado otorgó un habeas corpus a Glas, a Daniel Salcedo y a una persona más. El magistrado dispuso su inmediata libertad y emitió boletas de excarcelación.
Sin embargo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (Snai) no autorizó sus salidas de la cárcel porque encontró inconsistencias en esos documentos.
Finalmente, el 26 de agosto del 2022, la Corte Provincial de Manabí declaró nulo todo lo actuado por el juez Molina. Con esa decisión, Glas continúa en la Cárcel 4 de Quito.
Allí cumple dos sentencias ejecutoriadas de ocho años por el delito de cohecho, otra de seis años por asociación ilícita. Tiene una tercera condena de ocho años por peculado, ese caso aún está en fase de apelación.
Actualmente, no existe ningún habeas corpus solicitado por Glas que se encuentre en trámite.
El exvicepresidente puede volver a solicitar un nuevo habeas corpus para salir de la cárcel. Abogados constitucionalistas consultados por este Diario aseguran que la única condición es que, si hay una nueva solicitud, los hechos y argumentos planteados a los jueces deben ser distintos.
Por ejemplo, si un privado de la libertad solicita una acción constitucional porque asegura ser torturado en la cárcel y unos jueces le niegan el pedido, el detenido no debe volver a solicitarlo por esa misma causa, sino por una distinta.
Glas también podría solicitar la unificación de penas. Luego solicitar la prelibertad y de esa forma salir de prisión.
El objetivo de la unificación de penas es que Jorge Glas solo cumpla la condena más alta, es decir, la de ocho años.
De hecho, la defensa ya ha solicitado en diferentes ocasiones la unificación de penas. Sin embargo, esos pedidos fueron negados. El principal argumento de los jueces fue que Glas debía tener sus tres sentencias ejecutoriadas, es decir que tres instancias judiciales diferentes ratifiquen las condenas.
Por el momento, dos sentencias están en firme. En cambio, la condena por peculado en el caso Singue aún está en apelación.
Está pendiente la reinstalación de la audiencia para conocer si un Tribunal de Apelación de la Corte Nacional ratifica o no la sentencia del exvicepresidente y seis personas más en esa causa judicial.
Esa diligencia estaba convocada para el 29 de agosto del 2022. Sin embargo, se difirió y aún no hay fecha de reinstalación. “Dicha diligencia será convocada, con su debida oportunidad, para una nueva fecha acorde con el calendario de audiencias que maneja la Sala Penal de la Corte Nacional”, indica una notificación oficial del alto Tribunal.
Con este recurso de apelación, los siete sentenciados buscan apelar la condena dictada el 25 de enero del 2021. Ese día, un Tribunal decidió que Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, Wilson Pástor y uno más sean condenados como coautores del delito de peculado. Los jueces les impusieron ocho años de cárcel.
Mientras que otros tres implicados en esta causa fueron sentenciados como cómplices y les impusieron una pena de cuatro años de cárcel.
Según las investigaciones de Fiscalía, los siete sentenciados participaron de la adjudicación irregular de un campo petrolero en Sucumbíos. La entidad aseguró que esto ocasionó un perjuicio económico para el Estado.
Luego de conocer la resolución del Tribunal de Apelación, las personas involucradas dentro del caso Singue podrían recurrir a la casación. Esa etapa del proceso judicial sirve para que otros jueces analicen si se cometieron errores al dictar la sentencia.
Luego, la sentencia del caso Singue quedaría ejecutoriada y la defensa de Glas podría volver a solicitar la unificación de penas.
