La investigación por posibles actos de corrupción en la Aduana del Ecuador está a días de cumplir un año. En ese tiempo, la Fiscalía ha realizado más de 428 diligencias por este caso. Además, tiene ocho personas procesadas, pero sus roles aún están bajo la reserva del caso.
De hecho, gran parte de la investigación está protegida por este principio judicial. No obstante, se conoce que los posibles hechos delictivos se perpetraron en tres reuniones específicas.
La primera sucedió en Guayaquil. Un dirigente de una organización de campesinos e indígenas de la Sierra se habría comunicado con una asesora de la actual directora de la Aduana, Carola Ríos.
Este hombre, cuyo nombre es Juan A., le habría ofrecido USD 3 millones por el cargo de Subdirector de Operaciones. Estos detalles están dentro de la investigación fiscal. En ese expediente se señala que este hombre quería ese cargo directivo para una persona que fue identificada como Sergio P.
Esta oferta ilegal habría sido realizada en agosto del 2021. Junto al ofrecimiento ilegal se habría adjuntado la hoja de vida de Sergio P., quien un mes más tarde sería entrevistado por funcionarios de la Aduana para el cargo.
En ese encuentro también habría estado presente el dirigente del organismo indígena. La conversación de esa reunión se encuentra grabada y forma parte de la investigación judicial.
Los detalles de dicho diálogo también están bajo reserva, pero en una síntesis oficial se dice que Juan A. pidió la incorporación ilegal de otras dos personas a cargos directivos. Específicamente se trataba de las direcciones distritales de Huaquillas y Esmeraldas.
Policías que son parte de la investigación señalan que la misión que tenían los sospechosos era levantarse con el control de las importaciones, exportaciones y de los pasos fronterizos. Por cada uno de esos puestos ofrecieron USD 1,5 millones.
En una tercera reunión los involucrados hablaron de más incorporaciones ilícitas. Esta vez se enfocaron en el ingreso de seis personas más. La suma que ofrecían por cada cargo aún se analiza.
Sin embargo, la Fiscalía tiene información de que se trataba de puestos en los puertos del país.
La investigación fiscal determinó la participación de los ocho procesados luego de 10 meses. En julio pasado se formularon cargos en contra de las personas identificadas en este esquema ilícito. Pero ¿cómo lograban las conexiones con los funcionarios de la Aduana?
Informes emitidos por la fiscal Diana Salazar señalan que en una de las tres reuniones se solicitó coordinar un nuevo encuentro con delegados del asesor presidencial Juan José Pons y un asambleísta.
Estos dos últimos no son procesados en la indagación, pero la Fiscalía dice que están relacionados con el caso y que son indagadas.
La Fiscalía ha solicitado la comparecencia de Pons para rendir su versión. Su hijo también ha sido citado, pero ninguno de los dos ha acudido a las diligencias.
Lo mismo ha ocurrido con los llamados que le ha realizado la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Este organismo también lleva una indagación sobre los posibles actos de corrupción en la Aduana.
En esta comisión incluso reposan documentos que señalan un esquema ilegal que involucran a funcionarios que trabajan en distintas áreas de la Aduana del Ecuador como contenedores, carga, servicio al cliente, entre otras.
Ese material ya fue entregado a la Fiscalía. Lo mismo ocurrió con información de los presuntos inversores que habrían facilitado los USD 6 millones para pagar por los cargos directivos.
El plazo para el término de la instrucción fiscal de este caso es el próximo 20 de octubre del 2022. Se podría ampliar 30 días más si se realizan nuevas vinculaciones de sospechosos.
La fiscal que inició este caso fue removida de su cargo, tras una suspensión por parte del Consejo de la Judicatura y un fallo judicial. Ella fue acusada de una manifiesta negligencia en otro proceso.
En un año de investigaciones se han realizado 45 versiones de funcionarios de la Aduana, policías, autoridades públicas y procesados. También se han realizado 41 actos urgentes como allanamientos, entre otros.
En las versiones se obtuvo que este esquema de ofrecimientos ilícitos por cargos estatales se habría realizado en otras entidades como el Ministerio de Salud, BanEcuador, Judicatura y otras. Eso aún se indaga.
