La desaparición involuntaria en Ecuador se sanciona de siete a 10 años de cárcel. Así lo establece el artículo 163.1 del actual Código Integral Penal (COIP).
En esa normativa se menciona que ese ilícito se configura cuando alguien priva de la libertad a una persona, la retiene, la arrebata, la desaparece o la traslada a un lugar distinto en contra de su voluntad. También cuando se niega información sobre su paradero.
La pena privativa de libertad aumenta de 10 a 13 años de cárcel cuando el delito ocurre bajo seis circunstancias específicas.
1. Cuando la desaparición de la víctima se prolonga por más de ocho días.
2. Si la víctima es menor de 18 años, mayor de 65 años de edad, mujer embarazada, persona con discapacidad o padezca enfermedades que comprometan su vida.
3. Si el delito se comete tras apoderarse de vehículos o cualquier otro medio de transporte.
4. Si el ilícito se comete total o parcialmente desde el extranjero.
5. Si la desaparición se comete por personas que tengan algún tipo de relación familiar, de poder o autoridad sobre la víctima.
6. Si la víctima ha sido sometida a violencia física, sexual o psicológica.
Además, en el COIP se menciona que, si se produce la muerte de la víctima, la sanción aumenta de 22 a 26 años de cárcel.
Hace seis días, la abogada María Belén Bernal desapareció. Fue vista por última vez la madrugada del 11 de septiembre 2022.
Según las investigaciones, acudió a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en el norte de Quito, para visitar a su esposo, quien es un oficial. Se sabe que ingresó a ese sitio, pero no hay un registro de salida. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Ayer (16 de septiembre del 2022), la Fiscalía allanó el área del pelotón femenino de la Escuela Superior de la Policía. Ese procedimiento tuvo como objetivo ejecutar la orden de detención con fines investigativos de una cadete.
A las 10:00 de este sábado 17 de septiembre del 2022 se instaló la audiencia de formulación de cargos contra esa cadete por el presunto delito de desaparición involuntaria. La diligencia se realiza en la Unidad de Flagrancia, en Quito. El principal sospechoso es el esposo y él continúa prófugo, según las autoridades.
Según la normativa penal ecuatoriana, “para el procesamiento de este delito, la acumulación de indicios tendrá la misma fuerza vinculante que la prueba directa en la etapa de juicio, siempre que los mismos se funden en hechos reales probados, se relacionen con los hechos de este delito, sean unívocos y directos”.
