Siete semanas les tomó a la Asamblea y al Ejecutivo encontrar un acuerdo preliminar para el trámite de un nuevo proyecto de Ley de Inversiones, que es clave para el plan económico del Gobierno.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind,), y el oficialismo aseguraron que este es el resultado del diálogo que empezó entre los dos poderes del Estado a finales de agosto pasado.
En la propuesta no se incluirán reformas al Código Monetario, a diferencia del texto que fue archivado por el Pleno el 24 de marzo pasado.
En sus 81 artículos y 12 disposiciones, el anteproyecto se centra en aspectos relacionados con las zonas francas y apunta a una transformación digital para la simplificación de trámites en el Ecuador.
El documento recoge 104 de 118 observaciones presentadas por las bancadas y será entregado este miércoles al Ejecutivo para que lo remita con el carácter de económico-urgente al Parlamento.
“Dejamos de lado las posiciones políticas e ideológicas para darle respuesta a los ecuatorianos. Este es el resultado del diálogo y debates durante las reuniones”, dijo el oficialismo en un comunicado.
La elaboración del documento estuvo a cargo de delegados técnicos de los dos poderes del Estado y este martes será discutido en una mesa política entre ambas partes, donde se prevé los últimos ajustes.
El coordinador de Pachakutik, Salvador Quishpe, señaló que su bloque no permitirá que se afecten los derechos laborales en las zonas francas y sugirió que también se invite a organizaciones laborales para que presenten sus observaciones.
En cambio, la coordinadora del correísmo, Pamela Aguirre, planteó que el proyecto sea presentado en tres partes: zonas francas, transformación digital y zonas francas. Además del oficialismo, el PSC y la ID no hicieron reparos.
Seguridad
Después de este resultado, las autoridades de la Legislatura anunciaron que este jueves se instalará una nueva mesa de diálogo para discutir reformas urgentes en materia de seguridad.
El objetivo será discutir reformas en ámbitos como la extorsión, los permisos para portar armas, la inimputabilidad de menores de edad, la aplicación de medidas cautelares, medidas alternativas a la prisión preventiva, entre otros.
“Todos los ecuatorianos queremos tratar el tema de la inseguridad y de manera inmediata. Y esa es una obligación de sintonizar, tanto el Legislativo cuanto el resto de poderes del Estado, incluido el Ejecutivo. Es un tema del Estado”, señaló Virgilio Saquicela.
Precisó que serán requeridas las autoridades de la Función Judicial para que expliquen la actuación de los jueces; así también a la Corte Constitucional para que aclare la aplicación del hábeas corpus, y a la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría Pública.
También será escuchada la Policía, que ha planteado reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP) para simplificar la aplicación de sanciones administrativas a los uniformados que incurren en faltas. El Parlamento pidió que el Gobierno envíe a sus delegados.
Saquicela calculó que la Asamblea podría tramitar estas reformas en un plazo de 60 días, ya que abrió la posibilidad de que sean incluidas en un proyecto relacionado a la seguridad ciudadana que aguarda por un informe para segundo debate en la Comisión de Seguridad.
Entretanto, para este martes 4, a las 9:00, fue convocada la primera sesión de la comisión multipartidista ocasional que se conformó el miércoles pasado para encontrar “la verdad, justicia y reparación” en el caso del asesinato y desaparición de la abogada María Belén Bernal.
Una de las primeras acciones será la elección de un presidente y la elaboración de un cronograma de trabajo. El informe deberá ser entregado en el plazo de 30 días.
Una nueva regulación para el incentivo de zonas francas y zonas especiales de desarrollo económico.
Transformación digital de las instituciones públicas, de las empresas privadas y de la sociedad. Así como fortalecer el uso efectivo y eficiente de las plataformas, las tecnologías digitales, las redes y servicios digitales.
Se establece como sector de interés nacional a la actividad audiovisual, incluyendo el desarrollo, preproducción, producción, postproducción y distribución de contenidos audiovisuales.
Reformas a varios cuerpos legales que impiden u obstaculizan el crecimiento económico del país, ya sea por su anacronía o excesiva complejidad.
Fomentar el desarrollo de inversiones creadoras de empleo en múltiples sectores de la economía.
Aumentar e impulsar la industrialización nacional y la oferta exportable.
Promover la inversión e innovación mediante la modernización, actualización y simplificación de trámites, procesos y trabas regulatorias.
