Las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que buscarán la reelección en los comicios de 2023 no podrán “blindarse” del juicio político. Así lo dio a conocer este jueves 20 de octubre la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero.
La legisladora discrepó con una presunta consulta que pretenderían hacer los involucrados a la Procuraduría General del Estado, en momentos que enfrentan pedidos de interpelación en la Asamblea Nacional.
Quienes habrían empleado ese recurso son Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Juan Javier Dávalos, David Rosero y Francisco Bravo, quienes buscan seguir en el puesto. El presidente, Hernán Ulloa y la consejera Sofía Almeida no buscan la reelección.
Cordero recordó que el Código de la Democracia blinda solamente a los candidatos en general que enfrentan juicios penales, y no a quienes enfrentan juicios políticos.
“Esto se trata de un procedimiento de fiscalización. Es un juicio y es político. La Ley no da, ni así estirándola con toda la fuerza, con todo el cambio de autoridad que gusten, para poderse blindar”, enfatizó.
En el escenario de que la Asamblea resuelva la censura y destitución de los consejeros de Participación Ciudadana, mencionó que la candidatura quedaría inhabilitada o no podrán ejercer el cargo si logran la reelección.
La legisladora confirmó que el plazo para que los consejeros presenten sus descargos a la Comisión de Fiscalización venció el 19 de octubre y que todos cumplieron con este procedimiento. Las comparecencias para las pruebas de cargo y descargo empezarán el viernes 21 de octubre y el informe para resolución del Pleno estaría listo en noviembre.
Las causales para este proceso, que es impulsado por Pachakutik, tienen que ver con el supuesto incumplimiento de funciones en los concursos para nombrar al nuevo Contralor General del Estado y Superintendente de Ordenamiento Territorial.
