El gobierno de Guillermo Lasso reaccionó a la violencia en Guayas y Esmeraldas con un nuevo estado de excepción. El Decreto Ejecutivo 588, suscrito el martes, declara la medida por grave conmoción interna en esas provincias, por 45 días. Eso le permite activar acciones extraordinarias.
Esto no es suficiente, para analistas consultados por este Diario. Atacar el problema de raíz implica contar con una sólida política de seguridad, que no existe, según los expertos.
El estado de excepción es una herramienta que puede permitir la movilización de recursos humanos y financieros. El Gobierno, dice Roberto Beltrán, especialista en resolución de conflictos, no tiene el control en los centros de rehabilitación.
Beltrán asegura que no hay una política criminal ni se atacan las raíces del conflicto, que es la población más pobre reclutada por las mafias. El Gobierno solo reacciona, “no tiene ni estrategia ni un plan claro”, observa.
A criterio de Beltrán, las causas de la actual violencia en Ecuador se remontan a una década atrás, cuando el país se convierte en un canal adecuado para el tránsito de drogas e insumos para esa industria, con un ingreso silencioso al cuerpo de la Policía, Fuerzas Armadas y Justicia. A eso se suma que el Gobierno no lee correctamente la situación y hay debilidad institucional, sostiene.
El analista político Alfredo Espinoza explica que Ecuador no tiene una política de seguridad para afrontar estos problemas. La Policía no está capacitada ya que no hay antecedentes en la materia. Espinoza cree que Ecuador, por sí solo, no podrá salir del nivel de inseguridad instaurado.
Ambos expertos abogan por la cooperación internacional. “Esta es la cosecha de haber sacado a (militares estadounidenses de) la Base de Manta. Ahora el Estado está pugnando por su supervivencia frente a bandas delincuenciales”, expresaEspinoza.
Beltrán sugiere conformar una mesa nacional de seguridad en la que participe la academia y un grupo internacional para desarrollar acciones a largo plazo, porque es un problema que requiere otro tipo de estrategias. Además, plantea que se deben abrir oportunidades de acceso a salud y educación. Le preocupa que en el feriado las autoridades se relajen y el Gobierno vuelva a ser reactivo ante la violencia.
Estado de excepción
Para el constitucionalista Jorge Peñafiel, no se puede gobernar a través de estados de excepción pues, aunque no esté normado, es una condición política. Dice que no hay límites para que Lasso decrete estados de excepción, justificados, cuantas veces crea necesario. Pero hay parámetros que la Corte Constitucional (CC) observa al hacer el control constitucional posterior y puede limitar las acciones dentro de un estado de excepción, indica.
Tanto Peñafiel como el constitucionalista Ismael Quintana coinciden en que el Decreto 588 está debidamente justificado por los hechos de violencia citados, por lo que la CC debería emitir un dictamen positivo, de constitucionalidad.
Quintana recuerda que la CC ha analizado en otros estados de excepción que estos son una herramienta de contingencia y que el Gobierno debe implementar medidas estructurales mediante políticas públicas de prevención y combate al delito.
Sin embargo, hasta la fecha no ha existido una declaratoria de inconstitucionalidad total con efecto retroactivo a un estado de excepción, destacó Quintana. Si durante la vigencia del Decreto se declara una inconstitucionalidad parcial, esa limitación se aplicaría para los días de término que le quedan al estado de excepción, puntualiza.
Los hechos
Desde la madrugada del 31 de octubre se han registrado al menos 24 ataques con explosivos en Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo. En estas acciones no se han registrado heridos ni víctimas mortales.
Los blancos han sido delegaciones de la Policía Nacional, estaciones de servicio y el estacionamiento de una terminal de buses. Los ataques siguieron a pesar del estado de excepción que rige en Esmeraldas y Guayas, medida que incluye un toque de queda.
La Policía Nacional señaló que cinco servidores policiales fueron asesinados mientras cumplían su servicio en Guayaquil y Durán. También señaló que existen siete uniformados heridos en las dos ciudades.
La lista de víctimas mortales se amplía por un civil que fue abatido cuando atacaba la Unidad de Vigilancia Comunitaria en el sector de Villa Bonita en Guayaquil. También una persona privada de la libertad falleció durante enfrentamientos ayer entre reos de los pabellones 3 y 9 de la Penitenciaría del Litoral.
La noche del martes 1 de noviembre se registraron tiroteos en el pabellón 1. Las autoridades señalaron que fruto de esto resultaron con heridas leves dos prisioneros.
Cosepe
Lasso y autoridades de nueve instituciones se reúnen en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) hoy, a las 10:30, para analizar las acciones realizadas en el ámbito de la seguridad. Allí estarán los presidentes de la Asamblea y de la Corte Nacional de Justicia.
El Gobierno espera respuesta de la CC sobre el procedimiento a seguir para la pregunta de apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía, eso obligaría a la Asamblea Nacional a tomar partido si sigue el camino de la reforma parcial, según Jorge Peñafiel.
