La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) dio a conocer las acciones que se adoptaron contra 25 militares de esa institución, en relación con la explosión del radar de Montecristi, en Manabí.
Desde la madrugada del 27 de octubre del 2021 comenzó a funcionar este dispositivo en el cerro de Montecristi. Su principal misión era detectar tráficos aéreos no identificados, sobre todo narcoavionetas que aterrizan en pistas clandestinas.
Sin embargo, una explosión que se registró, el 7 de noviembre del 2021, en el radar provocó daños en su funcionamiento. Desde entonces, la FAE inició procesos administrativos disciplinarios contra 25 militares.
Esos procesos se iniciaron para determinar presuntas “fallas en la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad” del radar. Pues esas 25 personas estaban a cargo de la seguridad y del correcto funcionamiento del dispositivo.
Tras realizar los procesos administrativos, la FAE les sancionó con arresto simple, grave y de rigor. Pero, estas medidas fueron apeladas por los uniformados.
La otra decisión adoptada fue cambiarles de repartos o unidades militares para que cumplan funciones diferentes. Uno de los 25 militares solicitó la baja voluntaria.
Otra de las acciones fue registrar el incidente del radar en sus hojas de vida institucionales. “Eso les repercute para el tema de ascenso dentro de la vida militar”, indicó la FAE a este Diario.
La investigación penal
Tras la explosión del radar, la Fiscalía también abrió una indagación previa. Este lunes 21 de noviembre del 2022 se conoció que 16 militares de la FAE son investigados penalmente por el presunto delito de sabotaje.
La idea de la investigación previa es recopilar indicios para determinar si esos uniformados tuvieron o no participación en ese ilícito.
La FAE aseguró que se ha “facilitado toda la información a Fiscalía y se le ha apoyado para que realice todas las diligencias investigativas”.
El artículo 345 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que delito de sabotaje se configura cuando “una persona, con el fin de trastornar el entorno económico del país o el orden público, destruya bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados”.
La destrucción de infraestructuras de sectores estratégicos es sancionada con cárcel de siete a 10 años, según lo establece la norma penal.
El monto del daño
La empresa que fabricó el radar determinó que el daño por la explosión asciende a USD 7,2 millones. Ese valor consta en un informe que se presentó a la aseguradora, pues era un requisito para la indemnización.
