La Asamblea Nacional desconoció este 3 de diciembre del 2022 la polémica designación del Superintendente de Bancos, nombrado por integrantes del Consejo ciudadano destituidos por el mismo Legislativo.
El Legislativo también insistió en rechazar el fallo del juez Ángel Lindao, que el pasado 23 de noviembre aceptó una medida cautelar para dejar sin efecto la destitución de cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), quienes designaron al nuevo superintendente.
El juez Lindao aceptó una medida cautelar a favor de Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, destituidos en el Pleno de la Asamblea el pasado 18 de noviembre.
Los consejeros, en una polémica reunión designaron la noche del 2 de diciembre Roberto Romero como nuevo superintendente de Bancos, lo que crispó a los legisladores que reaccionaron inmediatamente.
«La Asamblea Nacional NO reconocerá ningún acto o resolución de funcionarios y/o servidores o trabajadores destituidos por ser ilegítimos, ilegales e ilícitos», afirmó el Legislativo en su comunicado suscrito entre otros asambleístas por el presidente, Virgilio Saquicela.
Aclaró que «los actos del poder público contrarios a la Constitución carecen de eficacia jurídica» y por lo tanto «no es factible acatarlos cuando entrañan graves violaciones a la norma suprema».
De su lado, el destituido presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, en un mensaje en su cuenta de Twitter confirmó que Roberto Romero fue designado como superintendente de Bancos, luego que el Consejo analizara las «propuestas de trabajo que presentaron los integrantes (candidatos) de la terna remitida por el Ejecutivo» para tal designación.
La Asamblea, en su comunicado, advirtió de que el órgano legislativo ha cumplido con la Constitución y recordó que el incumplimiento de lo que la ha resuelto, como la destitución de los consejeros del Cpccs, «debe ser sancionado» por las autoridades competentes.
