En la Asamblea se analiza un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proyecto contempla el trabajo penitenciario, según el informe para primer debate que fue elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Entre las reformas planteadas consta la obligación de que las personas privadas de libertad ejerzan actividades laborales y de emprendimiento, que garanticen los recursos económicos y permitan su sustento y el de su familia. Para ello, se les deberá facilitar el acceso a procesos de capacitación técnica e instalación de emprendimientos.
«El trabajo es un derecho y deber del sentenciado; será considerado como un medio para la rehabilitación social», precisa el artículo 17 del proyecto.
Añade que «el trabajo penitenciario se realizará siempre bajo la vigilancia y control de la Dirección del Centro de Rehabilitación carcelario». Y quedará prohibido el uso del trabajo como un mecanismo de castigo, sumisión o discriminación de las personas privadas de la libertad.
Tampoco podrá usarse la fuerza laboral de las personas sentenciadas para el aprovechamiento o lucro de entidades privadas o personas particulares.
Se propone emplear esta modalidad de trabajo para obra pública estatal o de los gobiernos seccionales, en labores industriales o agrícolas, o en servicios como limpieza, recolección de basura, peluquerías, sastrerías.
Según la Comisión de Justicia, el objetivo de este proyecto es fortalecer el Sistema Penitenciario, la Seguridad Ciudadana y la Rehabilitación Social. Las propuestas provinieron de legisladores de distintas bancadas. El informe fue aprobado el pasado 13 de enero del 2023 y corresponderá al presidente de la Legislatura convocar al pleno para el primer debate.
Esta propuesta normativa pretende reforzar el régimen jurídico del sistema penitenciario, a fin de evitar hechos de violencia al interior de las cárceles del país y el dominio de grupos delictivos de los centros penitenciarios.
Asimismo, busca viabilizar la Constitución, en relación al sistema de rehabilitación social, a fin de lograr una rehabilitación integral y la reinserción social adecuada, de las personas privadas de la libertad.
