Darwin Pereira, segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional, señaló que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunirá el 19 o 20 de marzo para calificar el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. El 22 habrá una sesión extraordinaria del Consejo político de Pachakutik.
Pereira es asambleísta por Pachakutik (PK) y uno de los siete legisladores que integran el CAL, quienes no firmaron la solicitud de juicio político porque les compete revisar el documento.
“Siempre se dijo que apoyaríamos el juicio político, esa versión no ha cambiado. El movimiento Pachakutik está llamando a un Consejo político para la próxima semana, donde volveremos a evaluar entre asambleístas y bases del movimiento el presente juicio político”, expresó Pereira.
Allí se tomará una decisión “más firme” en este tema. La reunión está convocada para el miércoles 22 de marzo, a las 09:00, en la sede de PK. Entre los convocados está Leonidaz Iza y Salvador Quishpe, entre otros.
Procedimiento del juicio en la Asamblea
La noche del 17 de marzo el CAL conoció el pedido pero no tomó una decisión. El órgano legislativo espera que la Unidad Técnica Legislativa (UTL) emita un informe de cumplimiento de requisitos. La Unidad revisa que el pedido cuente con las firmas, que no viole la Constitución, es una verificación de formalidades y el informe no es vinculante, según el asambleísta.
La UTL determina si el documento del pedido de juicio político está completo o no. El CAL se reunió el 17 a las 19:45. Esta noche se cumplen las 24 horas de plazo para que se emita el informe.
Luego, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tiene un plazo de 24 horas para convocar al CAL. “Tendríamos que reunirnos mañana (19 de marzo) o a más tardar el lunes a primera hora. Depende mucho de la hora que llegue el informe”, explicó Pereira.
Con el informe en manos, el CAL revisará la solicitud del juicio político en su forma y de ser necesario puede devolver el documento para que sea completado. Después se remitirá a la Corte Constitucional (CC) para que emita su dictamen de admisibilidad.
Proyecciones sobre decisión de la Corte
Pereira indicó que ya hay un antecedente jurisprudencial sobre la actuación de la Corte Constitucional cuando emitió su dictamen sobre el juicio para el exvicepresidente Jorge Glas. “La CC dijo que ellos (los jueces) solo revisan dos cosas: el cumplimiento de firmas, y que la causal invocada sea constitucional y sea singularizada”, señaló.
Para el legislador, la causal del pedido de juicio contra Lasso, el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, está singularizada. Esta causal determina la destitución por los delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
“Si nos atenemos a lo que dijo la CC en aquella ocasión, debería darle luz verde al juicio político”, estimó.
El analista político Alfredo Espinoza espera que el trabajo de la CC sea “estrictamente apegado a derecho” y a lo que dictamina la Constitución. “Aquí no hay posibilidad a especulación alguna o a cualquier tipo de amenazas que provengan de legisladores o actores, que buscan llevar esto a un conflicto en la calle”, puntualizó.
Iza ya manifestó que su organización realizará plantones en la CC para exigir que dé paso al juicio político. Espinoza ve esa acción como una estrategia de presión a los magistrados, frente a una Asamblea “con baja credibilidad” que no cuenta con la capacidad de poner “gente en las calles”.
En ese sentido, cree que con la decisión que tome la CC, se medirá la actuación de ese órgano, el del Ejecutivo e incluso el de la fuerza pública ante a posibles “réplicas violentas”.
En el documento de la solicitud de juicio, «hay una falta de credibilidad, falta de profesionalismo y carencia absoluta del conocimiento de la norma. Se ha intentado que algunos artículos calcen con embudo, de manera espuria, en lo que determina la Constitución para enjuiciar al Presidente. Esa no es la vía», analizó Espinoza. «Lo que mal empieza, mal acaba», dijo el analista respecto a los errores observados en la presentación del pedido del juicio político.
