Rusia asume este sábado 1 de abril del 2023 la presidencia de turno del Consejo de Seguridad de la ONU, una responsabilidad que ocupará por un mes y que es fundamentalmente protocolaria, pero que ha enfurecido al Gobierno ucraniano y ha generado llamamientos al boicot.
Durante abril, la delegación rusa será la encargada de gestionar la agenda de trabajo y de presidir las reuniones del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, a cuyo frente se coloca cada mes un Estado miembro con base a una rotación por orden alfabético.
Uno de los principales beneficios del puesto es que la Presidencia puede organizar sesiones especiales sobre asuntos que considere particularmente importantes y que a menudo cuentan con la presencia de miembros del Gobierno.
En el caso ruso, está previsto que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, viaje a Nueva York para presidir al menos dos de estos encuentros, uno centrado en el respeto a la Carta de Naciones Unidas y otro sobre el conflicto palestino-israelí, según han adelantado fuentes diplomáticas.
El programa oficial, que se aprobará y presentará el próximo lunes, está repleto en todo caso de encuentros rutinarios sobre los distintos conflictos y cuestiones de las que se ocupa el Consejo, independientemente de quién lo presida.
«Un mal chiste»
Para Ucrania, sin embargo, ver a Rusia al frente del órgano más importante de la ONU supone «un mal chiste», según dijo esta semana su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba.
«Rusia usurpó un asiento, está llevando a cabo una guerra colonial, su líder es un criminal de guerra reclamado por la CPI por secuestrar niños», dijo Kuleba a través de Twitter y haciendo referencia a la postura ucraniana de que Moscú heredó ilegalmente el puesto de la Unión Soviética y a la reciente decisión de la Corte Penal Internacional contra Vladímir Putin.
En un artículo de opinión reciente, el embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, subrayó que la Presidencia da a Rusia un verdadero poder, recordó que la última vez que la ocupó fue cuando inició la invasión y defendió que hay base legal para excluirla de ese puesto, e incluso para expulsarla del Consejo de Seguridad.
Esa interpretación de las normas, sin embargo, choca con la de la mayoría de países, incluidas las potencias occidentales, que consideran que las normas no permiten una medida de ese tipo.
Por ahora, no se espera que los países del Consejo escuchen los llamamientos al boicot lanzados por algunas organizaciones proucranianas y, como mucho, podrían optar por enviar a diplomáticos de menor rango a algunas de las reuniones organizadas por Rusia, según diplomáticos.
En general, el resto de potencias consideran que no se debe poner en peligro el trabajo del órgano y restan importancia a la figura de la Presidencia.
«No creo que le debamos dar gran importancia», aseguró esta semana un diplomático occidental que pidió el anonimato y que se mostró convencido de que Rusia ejercerá la responsabilidad de forma «profesional».
