El gremio de gasolineras del Ecuador insistió para que se militaricen sus instalaciones, tras la colocación de un coche bomba en la estación de servicio de Quitumbe, en el sur de Quito, el jueves 6 de abril de 2023 y otros episodios calificados de terrorismo por el propio Gobierno.
Si bien se trata de un negocio privado, la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador aduce que prestan un servicio público y son parte de los sectores estratégicos del país. A escala nacional hay más de 1 200 instalaciones de este tipo.
Según Carlos Salazar, integrante del gremio, remitieron varios oficios al Presidente de la República, así como a los ministros de Gobierno, de Energía y de Finanzas, para insistir en este pedido.
«No es que se necesita un Estado de excepción, sino simplemente un resguardo. Años atrás hemos tenido resguardo militar en las estaciones de servicio por problemas no tan graves como ahora, sino temas de desabastecimiento o de aglomeración de personas», dijo.
El gremio hizo esta solicitud en noviembre pasado, después de la detonación de explosivos en gasolineras de Guayas, Esmeraldas y Manabí, atribuidas a la delincuencia. Solo en el último mes se habrían dado cuatro atentados más en distintos lugares.
«No hemos tenido respuesta alguna de las autoridades», sostuvo Salazar, quien argumentó que la utilidad que reciben las gasolineras no se ha revisado desde hace 20 años, por lo que no cuentan con la capacidad de contratar guardias privados.
El artículo 158 de la Constitución dice que «la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional».
Mientras, el 162 precisa que «las Fuerzas Armadas solo podrán participar en actividades económicas relacionadas con la defensa nacional, y podrán aportar su contingente para apoyar el desarrollo nacional, de acuerdo con la ley.
Este Diario requirió un pronunciamiento del secretario de Seguridad del Gobierno, Diego Ordóñez, como encargado de diseñar políticas públicas. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta sobre esta situación.
La Policía, por su lado, no ha informado todavía si tiene pistas o ha dado con el paradero de los responsables de colocar el coche bomba en Quitumbe, que pudo ocasionar una desgracia de proporciones en el feriado de Semana Santa. El carro contenía 20 tacos de explosivos de alto poder junto a una bombona de gas, y fue detectado a tiempo.
«Rechazamos enfáticamente los últimos atentados terroristas registrados. No permitiremos que el crimen organizado genere terror en la ciudadanía. La Policía investiga estos actos y dará con los responsables para ser puestos a órdenes de la justicia», tuiteó el ministro del Interior, Juan Zapata.
