Un juez de garantías penales ordenó el miércoles 10 de mayo de 2023 la prisión preventiva para ocho personas detenidas por invadir los terrenos del parque Samanes.
Otras dos personas recibieron medidas sustitutivas y deberán presentarse dos veces por semana ante la justicia, según el fallo dictado a la madrugada.
Las 10 personas fueron detenidas el martes 9 de mayo en un operativo conjunto entre varias dependencias públicas, la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas.
Samanes en peligro
Los invasores del área protegida del parque Samanes han afectado un humedal en el que habitan especies en peligro de extinción.
En el sitio se observan cigüeñas blancas, halcones caracoleros, entre otras especies animales. Además de especies vegetales como samanes, fernan sánchez, guachapelí, guayacán, guasmo, laurel, entre otras.
En las inspecciones realizadas al sector se constató que los invasores cortaron varios árboles en la zona protegida para delimitar sus terrenos con estacas y piolas.
El pasado viernes 5 de mayo comenzaron los intentos por adueñarse de los terrenos del parque Samanes. Ese día, cientos de personas llegaron al lugar con machetes, cañas y cintas.
Las dependencias del Estado han intervenido en el lugar y han desalojado a unas 1 500 personas, sin embargo, apenas se retiran las autoridades, los invasores vuelven.
Un equipo de El Comercio constató a las 15:30 del martes 9 de mayo que los invasores seguían limpiando el terreno. Actuaban debido a que en el lugar no había presencia de policías, militares o el patrullaje de autoridades.
Según versiones de los organismos de control, se habían retirado del lugar «pasadas las 15:00».
Penas que enfrentan
Los procesados por invadir los terrenos que rodean al área recreativa del parque Samanes pueden recibir varios años de cárcel.
Los detenidos enfrentan penas de cinco a siete años por el uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, según establece el artículo 201 del Código Orgánico Integral Penal.
De manera adicional, el artículo 245 del Coip castiga la invasión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, con pena privativa de libertad de uno a tres años.
