Nelson Rigoberto T. M. recibió una sentencia condenatoria de tres años de privación de libertad. Como funcionario de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, solicitó 10 000 dólares a cambio de «conversar con los jueces” para una resolución favorable en una acción de protección.
Las pruebas de Fiscalía determinaron que el 19 de mayo de 2022, el ciudadano Marco S. recibió un correo electrónico del funcionario de Corte Provincial. Este le pedía que se comunique a cierto número de telefonía celular para “conversar respecto a su acción de protección”.
Al día siguiente, Marco S. llegó –acompañado de su esposa– hasta la puerta de la Corte Provincial, ubicada en el norte de Quito. Vía telefónica, preguntó a Nelson Rigoberto T. M. por el piso donde se encontraba. Pero el funcionario le respondió que le espere, que ya bajaba.
En la vereda les dijo que el proceso estaba a su cargo. Según él, lo había analizado y existían opciones para que resulte favorable, debido a que el pedido ya había sido desfavorable en primera instancia.
El funcionario acotó que el fallo a favor les costaría 10 000 dólares. “Primero se entregaría 5 000 y una vez que se tenga la resolución con el fallo favorable se le pagarían los otros 5 000 dólares. Aseguró que él se encargaría de hablar con el juez ponente del caso”, concordó la pareja en sus testimonios rendidos ante el Tribunal Penal.
El 30 de mayo de 2022, Marco S. llamó al funcionario para decirle que le esperaba afuera de la Corte. Nelson Rigoberto T. M. le aseguró haber conversado con el juez ponente y que ya “hay luz verde”. Acordaron que ya hablarían del día, hora y lugar para la entrega del efectivo.
Es así que, la tarde del 10 de junio de 2022, la pareja se encontró con el funcionario en el patio de comidas de un centro comercial cercano a la Corte Provincial. Aquí se entregaría el dinero en un sobre cerrado.
En dicho encuentro, el funcionario afirmó, nuevamente, haber hablado con el juez ponente y prometió que conversaría con los otros dos jueces. Además, les aseguró que el fin de semana se llevaría el expediente para armar el proyecto de texto.
Sin embargo, antes de llegar a esta cita, Marco S. llamó al 1-800 delito. Les relató los hechos ya indicados y pidió presencia policial.
Entonces, la pareja y el funcionario se despidieron y tomaron caminos distintos. El funcionario fue detenido por agentes policiales en la planta baja. Él se identificó y les dijo que “ayudaba a un amigo, Marco, en un proceso judicial porque trabajaba en la Corte como ayudante”, indicaron los agentes en su testimonio.
Tras escucharlo, le pidieron abrir el sobre que llevaba en su agenda. Aquí encontraron el dinero, que fue ingresado en cadena de custodia, mientras que el funcionario fue aprehendido.
