El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas concluye que las autoridades de Perú vulneraron los derechos a la salud y la vida de una niña víctima de violación al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
Ignorada por la justicia peruana, la menor (de 13 años, violada por su padre desde los nueve) presentó su caso ante el Comité de los Derechos del Niño, alegando que se habían violado los derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Camila (nombre ficticio) se quedó embarazada en 2017 y desde su primera consulta en un hospital de Abancay hizo constar en reiteradas ocasiones que no quería continuar con el embarazo, pero no recibió información sobre las alternativas disponibles.
Procedimiento legal para una víctima de violación
Con la ayuda de una ONG, Camila inició los trámites para acceder al aborto terapéutico conforme a la legislación nacional. Asimismo, presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo ante la fiscal encargada de la investigación penal por violación para que le asignaran un centro de salud en el que pudieran valorar su caso. Sin embargo, no obtuvo respuesta ni del hospital ni de las autoridades judiciales.
El personal médico presionó a la niña para que continuara con el embarazo, llegando a presentarse en su casa con la Policía cuando esta no acudía a los controles prenatales para los que le deban cita. Tras un aborto natural, Camila fue acusada y condenada por autoaborto, aunque sin pruebas.
El Comité de los Derechos del Niño considera que Camila fue «objeto de discriminación por motivos de edad, género, origen étnico y condición social». Asimismo, entiende que la falta de información sobre los servicios de interrupción voluntaria del embarazo expuso a Camila a «un riesgo real, personal y previsible para su vida y su salud».
«Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto», expreso presidenta del mencionado Comité, Ann Skelton.
El Comité subraya que, lejos de ser protegida por su «extrema vulnerabilidad», la niña fue «revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales».
Aunque en Perú solo se permite el aborto en caso de riesgo grave y permanente para la salud de la madre o para su vida, el Comité de los Derechos del Niño entiende que «la falta de acceso a un aborto seguro constituye en sí un trato diferenciado en base al género» que ha privado a Camila de «un servicio esencial para su salud, castigándola por no cumplir los estereotipos de género sobre su función reproductiva».
Solicitud de despenalización del aborto en menores
El caso de Camila llevó al Comité a pedir a Perú que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil, que garantizara el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, sobre todo en casos riesgo para la vida y la salud de la madre, incesto o violación. También solicitaron que se modifique la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas.
«Esperamos sinceramente que este caso contribuya a desencadenar cambios estructurales en la legislación y las instituciones peruanas para que las niñas puedan acceder a un aborto seguro, dado el alto riesgo que los embarazos suponen para su salud y su vida», concluyó presidenta del Comité ante este caso de vulneración de derechos de una víctima de violación.
