La temida ley SB 1718, que castiga con severidad a los inmigrantes indocumentados y a quienes los ayuden, entró en vigor este sábado 1 de julio de 2023 en Florida en medio de protestas y llamamientos a unirse y a usar el voto para combatir lo que líderes latinos definieron como un «ataque de la extrema derecha».
«Hoy es un día bien importante porque la Florida está abajo ataque. Estamos siendo víctimas de un gobernador que ha utilizado y sigue utilizando el Estado como una plataforma política para enviar un mensaje de extrema derecha fuerte», subrayó Soraya Márquez, directora de Mi Familia Vota en este estado, durante la Convención de Migración México, Centro y Suramérica que se celebra este sábado en Miami.
El objetivo de esta reunión convocada por distintas organizaciones proinmigrantes es definir «un plan de acción con estrategias y objetivos concretos» contra la SB 1718 y las políticas del gobernador Ron DeSantis.
Además, para más tarde hay convocadas manifestaciones en contra de la SB 1718 en una decena de ciudades de Florida, aunque es probable que participen menos personas que en las de días anteriores, pues la ley ya está en vigor y hay «miedo» en la comunidad, dijo a EFE uno de los organizadores.
Miedo a protestar
El «miedo» de los inmigrantes indocumentados, que ha llevado a muchos a dejar ya Florida, es solo uno de los efectos de esta ley promovida por DeSantis, quien aspira a ser presidente de EE.UU. y ya está en campaña para ser elegido el candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024.
Sin embargo, el detective Argemis Colomé, portavoz del Departamento de Policía del condado Miami Dade, que asistió a la Convención de Migración, dijo a EFE que la ley «no cambia mucho» el trabajo de los agentes de ese cuerpo policial.
Según Colomé, el equipo legal del Departamento de Policía de Miami Dade tan solo ha encontrado un aspecto de la ley que los obliga a actuar de manera diferente a como hacían y es que traer a Florida desde otro estado a un indocumentado, aunque sea un familiar, es considerado un delito grave de segundo grado.
Antes, ante un caso como ese los agentes debían llamar a las agencias estatales que se encargan de la inmigración irregular, señaló Colomé.
«La Policía no va a preguntar por tu estatus migratorio si te para por algún asunto de tráfico ni tampoco a quien vaya a denunciar que ha sido víctima de un delito», aseveró Colomé.
«La ley le va a impactar a la persona que está cometiendo un delito, no a la persona que está trabajando, no la persona que está en su carro, no los amistades o las familias que no tienen papeles y están contigo», aseveró.
No obstante, el detective reconoció que no podía asegurar cómo van a actuar los Departamentos de Policía de otros condados, ni los alguaciles de toda Florida.
Nueva ley antimigrantes
La nueva ley, que firma parte de un paquete de más de 200 aprobadas este año por el Congreso de Florida ente ellas también algunas otras de carácter ultraconservador, obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a usar un programa oficial de verificación del estatus migratorio de cada uno, so pena de multas y pérdida de la licencia.
Además, los hospitales que aceptan el seguro médico público (Medicaid) deben preguntar y registrar si sus pacientes son residentes legales o no.
Uno de los mensajes que más se escuchó durante la convención, a la que asistió el cónsul general de México en Miami, Jonathan Chait, es que la ya llamada ley «antiinmiigrantes» no solo les afecta a ellos «sino a todas las personas que viven en el estado».
Los indocumentados, que, según dijo Márquez a EFE son más de un millón en Florida, son esenciales para los tres sectores que mueven la economía, la agricultura, la construcción y el turismo, en los que ya se siente la escasez de mano de obra provocada por el éxodo de trabajadores desde Florida hacia las dos Carolinas y Georgia.
El resultado para los floridanos se resume en una palabra: encarecimiento, dijo la directiva de MI Familia Vota.
Héctor Sánchez Barba, presidente y director ejecutivo de la misma organización, hizo hincapié en que la participación cívica y la creación de un poder político latino es la mejor solución para enfrentar unos embates «racistas y extremistas» que «no son nuevos».
A juicio de Márquez, este es el momento para crear un movimiento que integre a toda la comunidad para pararle los pies a DeSantis en las próximas elecciones a las que se presente, ya sean las presidenciales de 2024 o las de 2026 para renovar el cargo como gobernador.
