Ecuador acude a las urnas el próximo domingo, en medio de unas elecciones adelantadas tras la interupción de un juicio político contra el presidente saliente Guillermo Lasso, con la disolución del parlamento local, pero todo ello en medio del asesinato de varios políticos, incluyendo uno de los candidatos presidenciales.
En ese contexto, la inseguridad y la crisis económica son los principales retos del próximo presidente de Ecuador, que tendrá diecisiete meses para dirigir el país políticamente. Los comicios tendrán lugar, de acuerdo al Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos (Celag) «en un clima de fuerte apatía política y altos niveles de indecisión».
Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes, pero la tendencia para este año puede llegar, e incluso superar, los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Justo expresión de esa espiral de violencia atribuida por las autoridades al crimen organizado y al narcotráfico está en el reciente asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien resultó asesinado a la salida de un mitin en Quito.
Las cárceles han sido en los últimos años uno de los mayores focos de la violencia que sufre el país: en ellas han sido asesinados más de 400 reclusos desde 2020 cuando masacres entre bandas rivales, que han trasladado sus disputas de las calles a las prisiones.
Quien resulte electo en los comicios tendrá también un entorno económico complejo, porque la situación externa se ha deteriorado, las tasas de interés internacionales siguen subiendo, y eso hace que el financiamiento externo sea más costoso y más escaso.
La debilidad de los mercados internacionales y una caída en precios de ciertas materias primas, particularmente el petróleo, han hecho que el año 2023 ya muestre déficit fiscal y un riesgo-país en torno a los 2.000 puntos.
