La Corte Constitucional (CC) tiene bajo la lupa al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Hoy, lunes 25 de septiembre de 2023, finalmente se dará el encuentro crucial. La CC escuchará al presidente del Cpccs, Alembert Vera Rivera, y a otros consejeros para determinar si se ha incumplido con el dictamen de blindaje de 2019. Luego de la intención de revisar, a través de una veeduría ciudadana, la gestión del Consejo Transitorio.
La CC posee la facultad de destituir al funcionario que incumpla o vulnere el dictamen de 2019. Alembert Vera ha rechazado esta posibilidad, alegando que su cargo fue otorgado mediante elección popular. Además, ha anunciado la preparación de una solicitud de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuáles son, entonces, los argumentos presentados por ambas partes? Aquí los puntos clave.
Los argumentos
Antes de abordar los indicios, primero un poco de antecedentes. La polémica empezó a inicios de septiembre cuando el juez Leiver Quimís de Montecristi, Manabí, emitió un fallo a favor de la solicitud de veeduría presentada ante el ámbito judicial por la ciudadana Betty Moreira.
El magistrado dispuso al Cpccs conformar una veeduría para «diagnosticar y evaluar» la designación de los jueces de la actual Corte Constitucional (CC), que en 2018 fue renovada por una disposición del Cpccs-Transitorio, a raíz de los resultados de la consulta popular y bajo la dirección de Julio César Trujillo.
El Cpccs dio inicio a la convocatoria el 4 de septiembre pasado. Fue entonces cuando la CC entró en escena. En la misma noche, la Secretaría Jurisdiccional de la Corte remitió solicitudes de información a la Fiscalía, al CPCCS y al juez Quimís. El objetivo del organismo es determinar si el dictamen está siendo cumplido.
Ahora sí. Frente a una posible destitución por desacato a la resolución de la CC, ¿cuáles son los indicios en contra del presidente del Cpccs? En una entrevista con Contacto Directo, Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional explicó algunos y fue determinante sobre lo que debe de pasar con Vera. A su juicio, el presidente del Cpccs es consciente de que está en contra del derecho y hay una cadena de omisiones luego del fallo del juez Quimís.
«Vera ha hecho lo suficiente, se ha hundido con sus propias palabras (…) Me parece que hace actos de campaña».
Con respecto a la supremacía del orden jurídico, según Vera, sí apeló a la decisión judicial. «Ya no está en nuestra competencia, sino que corresponde a la Corte Constitucional modular esta sentencia», afirmó en una entrevista con Contacto Directo.
No obstante, Ávila recuerda las declaraciones de Vera en una rueda de prensa cuando se mostró a favor de la decisión del juez: «No es posible que después de tantos años, viendo la demostración de la destrucción institucional que significó este trujillato, (…) se pretenda limitar la actividad ciudadana o de los organismos de control».Para hoy, asegura Ávila, la CC ya tiene los elementos suficientes y solo falta resolver.
Así, la intención de revisar la actuación del Cpccs Transitorio, pese al dictamen de la Corte, para Ávila se trata de una amenaza que atenta contra la independencia constitucional de la CC, «eso es grave». En la misma línea, afirmó que Alembert Vera y los vocales de la mayoría deben ser destituidos debido a que hubo irrespeto al dictamen.
