La situación judicial de Verónica Abad está en manos de la Asamblea Nacional. La Fiscalía ya pidió fecha y hora a la Corte Nacional para vincularla por presunta concusión en el caso Nene, pero para eso, el Legislativo tiene que dar su aprobación con 92 votos porque como Vicepresidenta tiene inmunidad. Si se opone la bancada del correísmo, que tiene 48 legisladores, no habrá luz verde para ello, porque el Pleno se conforma con 137 asambleístas y sin sus votos solo suman 89.
La Revolución Ciudadana aún analiza el tema. Es un escenario complejo para que se alcancen los 92 votos, dada la oposición que han marcado el correísmo y Construye. Queda por ver cómo se verá el Partido Social Cristiano (PSC). Incluso desde el oficialismo toman el asunto con cautela.
¿Qué pasa si Verónica Abad es procesada?
La Fiscalía le formulará cargos por presunta concusión y pedirá al juez de la Corte Nacional de Justicia las medidas que crea necesarias. Estas pueden ser presentaciones periódicas ante un magistrado o incluso prisión preventiva.
Si esto último ocurre, la abogada constitucionalista Ximena Ron explica que se configura una ausencia temporal de Abad como vicepresidenta, como establece el artículo 150 de la Constitución, y pierde el cargo. No obstante, si le dictan presentaciones periódicas, se mantiene en su puesto.
Para Ron, no es necesaria la prisión preventiva. «Eso en términos jurídicos, pero este es un caso que claramente rebasa el campo de lo jurídico. Por eso, la posibilidad de que se ordene una prisión preventiva no la veo lejana», analiza.
Cuando la ausencia es temporal, en lugar de Abad, el Presidente nombra por decreto a un Ministro como reemplazo. Pero cuando la ausencia pase los tres meses, el Primer Mandatario debe enviar una terna a la Asamblea para suplir la vacante, indica el mismo artículo 150 de la Constitución.
En caso de que no haya la aprobación del Legislativo, la investigación contra Abad se suspende hasta que pierda la inmunidad. «En el momento en que pierda la inmunidad, esto es cuando deje de ser vicepresidenta, el proceso podrá seguir sin problema, porque además es un delito que no prescribe».
El abogado constitucionalista José Chalco también ve que, más allá del posible enjuiciamiento penal, la Asamblea puede dar paso a un juicio político de conformidad con el artículo 129 de la Carta Magna.
«Paralelamente, se podría tramitar un juicio político y ahí se requerirá un dictamen previo de la Corte Constitucional y con ello tramitar el enjuiciamiento político en la Comisión de Fiscalización y luego en el Pleno de la Asamblea», detalla Chalco.
Este escenario se abre en medio de un conflicto al interior del Gobierno. Daniel Noboa ha manifestado que no quiere encargar la Presidencia a Verónica Abad cuando pida licencia para hacer campaña para las elecciones de 2025.
El último antecedente sobre un pedido de este tipo fue el que hizo Corte Nacional para iniciar un proceso contra el exvicepresidente Jorge Glas. La Asamblea no alcanzó los 92 votos para aprobarlo, pero tampoco se pronunció sobre negarlo, por lo que quedó en manos del juez del caso, quien siguió el proceso por el caso Reconstrucción de Manabí.
