Con el objetivo de articular el trabajo entre la Función Judicial y las entidades que combaten a los grupos delictivos que operan en el país, el Consejo de la Judicatura desarrolló una Mesa de Seguridad Interinstitucional.
Esta iniciativa contó con la participación de representantes de la Policía Nacional, Fiscalía, Fuerzas Armadas, SNAI, Defensoría Pública, Corte Nacional de Justicia, ministerios de Defensa y del Interior.
Durante la primera reunión de la mesa técnica, se realizó un diagnóstico de los problemas que enfrentan las instituciones del Estado para resolver con agilidad los casos de delincuencia organizada, narcotráfico y corrupción.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, destacó la importancia de una colaboración estrecha y coordinada entre todas las instituciones del Estado para enfrentar a las organizaciones delictivas. «Es esencial trabajar articuladamente para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, si actuamos de manera aislada no llegaremos lejos», subrayó.
Entre los principales objetivos de esta mesa técnica se encuentra la creación de un sistema integral de alertas que permita mejorar la capacidad de respuesta inmediata frente a situaciones de conmoción social y de inseguridad, facilitando la coordinación efectiva entre las diferentes entidades.
Los delegados de la Defensoría Pública, resaltaron la importancia de establecer una política que abarque, tanto acciones preventivas como punitivas, garantizando así una respuesta integral ante los delitos.
El Consejo de la Judicatura anunció que reforzará el control disciplinario y dará seguimiento a posibles actuaciones irregulares de servidores judiciales que conocen este tipo de casos.
La Directora Nacional de Transparencia de Gestión, Tatiana Sampedro, enfatizó en la responsabilidad institucional de canalizar las denuncias y quejas sobre incumplimientos en las actuaciones judiciales.
Finalmente, en la reunión se analizaron posibles reformas legales y correctivas en los procedimientos judiciales, con el fin de afianzar las sentencias contra los procesados y así asegurar que la justicia se aplique de manera efectiva.
