Julio José Neira, secretario general de la Integridad Pública, denunció públicamente que la empresa Copedesa habría perjudicado al Estado ecuatoriano en USD 94 millones en los últimos tres años, a través de un presunto «contrabando de diésel».
Según Neira, la distribuidora de combustibles habría adquirido el combustible con subsidio para comercializarlo en un segmento específico, sea automotriz, naviero o industrial. El ilícito consistía -según el secretario de Integridad Pública- en transferir el diésel de un segmento hacia otro.
Para ello, la empresa distribuidora automotriz Gasquil habría desviado el hidrocarburo hacia la empresa Corpalubri, perteneciente al segmento industrial, para el cual no existe subsidio.
Los beneficiarios habrían sido los accionistas del grupo Alva3, propietario de todas las empresas mencionadas.
Tras la investigación, la Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífero suspendió la entrega de combustible a todas las empresas comercializadoras y distribuidoras vinculadas al grupo Alva3.
¿Cómo se estableció el daño causado?
Para calcular el perjuicio al Estado, Neira explicó que se calculó la diferencia del precio del diésel con subsidio y sin subsidio (USD 1,16) y luego se multiplicó por el número de galones vendidos a las empresas entre los años 2021, 2022 y 2023.
También negó que este sea un caso de persecución política, debido a que el delito habría sido cometido desde antes que uno de los supuestos involucrados haya sido candidato.
«Esto no es una persecución política porque en el momento que se cometió el acto ilícito uno de los sujetos denunciados era un ciudadano sin ninguna afiliación política que tomó ventaja de la corrupción enquistada en el Viejo Ecuador para beneficiarse y ahora es quien maneja los recursos públicos de la Perla del Pacífico», mencionó.
El caso es investigado por la Fiscalía mientras que algunas gasolineras y distribuidoras vinculadas a Codepesa fueron clausuradas por personal de la Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífero.
