El presidente de la República, Daniel Noboa, vetó este lunes 28 de abril totalmente el proyecto de ley que obligaba a entregar un dólar a las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos por cada barril de petróleo procesado en sus refinerías. Con esta decisión, la propuesta legislativa quedará congelada por un año antes de poder ser reactivada.
En su veto, Noboa recordó que la Constitución prohíbe a la Asamblea Nacional aprobar leyes que incrementen el gasto fiscal sin un estudio de sostenibilidad financiera ni una fuente de financiamiento identificada.
El mandatario citó además una sentencia de la Corte Constitucional (CC) de marzo de este año, que ratifica esta disposición. Según el Ejecutivo, la vigencia de la ley habría significado una reducción de casi USD 47 millones en el presupuesto estatal, afectando además a Petroecuador, que habría tenido que financiar ese monto como gasto operativo.
Tras la notificación del veto, el Parlamento reaccionó mediante un comunicado en el que defendió la iniciativa. El Legislativo argumentó que la refinación de petróleo genera impactos ambientales y sociales que deben ser compensados. «La participación en las rentas generadas por esta actividad no es solo una demanda legítima, sino un mecanismo esencial para mitigar estos efectos», señaló en su pronunciamiento.
Voces críticas dentro de la Asamblea también se pronunciaron. Cecilia Baltazar, asambleísta de Pachakutik, lamentó la decisión: «Generamos legislación para apuntar al desarrollo económico, proteger y garantizar la seguridad, la vida y la propiedad privada, pero el Ejecutivo lamentablemente paraliza esos procesos». Por su parte, Victoria Desintonio, de la Revolución Ciudadana, afirmó: «Estas leyes que estamos entregando al país garantizan derechos para los ciudadanos, pero lo que vemos con estos vetos es que no le importa».
En su mensaje final, el presidente Noboa llamó la atención a la Asamblea Nacional e invitó a abrir un debate para construir mecanismos de distribución de rentas que sean sostenibles a largo plazo, respeten los principios técnicos y no comprometan la estabilidad del gasto público.
