En la mayoría de países de América, los jueces constitucionales están sujetos a control político como mecanismo para garantizar el equilibrio de poderes y evitar que una sola institución concentre autoridad sin supervisión externa. Ecuador, sin embargo, se mantiene como la única excepción en la región, al permitir que la Corte Constitucional decida sobre su propia continuidad sin intervención de autoridades electas.
En naciones como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, México, Chile, Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, la ley establece procedimientos para que instancias políticas puedan remover a magistrados constitucionales.
La historia reciente del continente recoge varios casos:
- Argentina (2003–2005): juicios políticos a jueces de la Corte Suprema que derivaron en destituciones y renuncias.
- Paraguay (2014): destitución por juicio político a ministros de la Corte Suprema.
- El Salvador (2021): la Asamblea Legislativa destituyó a cinco jueces de la Sala Constitucional conforme a la ley.
En Ecuador, la normativa vigente estipula que los jueces constitucionales solo pueden ser removidos por decisión interna de la propia Corte, con el voto favorable de dos tercios de sus miembros.
Este esquema se concibió para preservar la independencia judicial, pero en la práctica ha derivado en un poder sin contrapesos, con capacidad de tomar decisiones de alto impacto político, económico y social sin supervisión externa.
Expertos en Derecho Constitucional advierten que este diseño coloca a la Corte Constitucional en un nivel de autonomía absoluta frente al resto del Estado, al debilitar el sistema de frenos y contrapesos que caracteriza a las democracias funcionales. Mientras que en el continente el control político sobre jueces es un estándar democrático, en Ecuador sigue siendo la excepción.
