El Gobierno Nacional anunció que la tasa de seguridad aplicada a los productos provenientes de Colombia subirá del 50 % al 100 % desde el próximo 1 de mayo de 2026, en una medida que, según las autoridades, está relacionada con la situación de seguridad en la frontera norte y con la falta de acciones suficientes para enfrentar amenazas como el narcotráfico.
De acuerdo con la postura oficial, el ajuste busca reforzar los controles y exigir una mayor corresponsabilidad frente a las economías ilegales que operan en la zona limítrofe. El Ejecutivo sostiene que esta política forma parte de una estrategia más amplia para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad nacional.
La decisión provocó una inmediata reacción del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó la medida como una “monstruosidad”. En un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario afirmó que la resolución ecuatoriana “significa el fin del Pacto Andino para Colombia” y planteó que la cancillería de su país debería impulsar un giro hacia el Mercosur, además de fortalecer la relación con el Caribe y Centroamérica.
Horas después, el presidente de la República, Daniel Noboa, respondió también por redes sociales y endureció el tono frente al Gobierno colombiano. “Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, señaló el mandatario. Añadió que, desde la aplicación de esta medida, en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33 % y sostuvo que en el futuro “se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”.
Con este nuevo cruce de declaraciones, la tensión entre Quito y Bogotá suma un nuevo episodio, esta vez en el terreno comercial y político, en medio de un contexto ya marcado por diferencias entre ambos gobiernos en temas de seguridad y cooperación bilateral.
