A inicios de julio, el Gobierno nacional oficializó las reformas a la política habitacional del país mediante la emisión de los decretos ejecutivos 440 y 441. La normativa actualiza los segmentos y montos máximos para la vivienda de interés social (VIS) y de interés público (VIP) —parámetros que no se modificaban desde 2022— e implementa un régimen de incentivos tributarios para incentivar la participación del sector privado mediante donaciones.
Las decisiones gubernamentales fueron catalogadas como “un paso positivo” por los gremios del sector inmobiliario, al considerar que fortalecen los mecanismos de financiamiento para los estratos de menores ingresos. Joan Proaño, vicepresidente de la agrupación Constructores Positivos, señaló que los nuevos techos “permiten que más familias accedan a soluciones habitacionales acordes con la realidad del mercado”.
El cambio sustancial de la reforma radica en el reajuste del segundo segmento de la Vivienda de Interés Social. El valor máximo permitido para estas soluciones habitacionales pasó a fijarse en 135 Salarios Básicos Unificados (SBU), cifra que equivale a aproximadamente $ 65.000. El esquema contempla además un subsidio estatal directo de hasta 21 SBU y la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios preferenciales con plazos de hasta 30 años.
Hasta antes de los decretos, la vivienda con subsidio parcial mantenía un tope fijado en torno a los $ 49.000. Según Proaño, el incremento técnico atiende a un pedido histórico del sector constructor que permitirá ampliar la cobertura de beneficiarios.
Por otra parte, la expedición del Reglamento de incentivos tributarios abre una vía directa de financiamiento privado. La norma simplifica los procesos para que empresas y personas particulares realicen donaciones destinadas a proyectos de vivienda social a través de una ventanilla única digital y un catálogo público de necesidades.
El modelo admite dos fórmulas: la donación de inmuebles terminados o la entrega de recursos económicos para financiar los subsidios estatales. “Esta flexibilidad abre nuevas oportunidades de colaboración pública y privada, pues las empresas ahora pueden aportar capital directo sin la necesidad de asumir la ejecución de la obra”, precisó el representante gremial.
La inflación de materiales presiona a la VIP
A pesar de la recepción favorable, los promotores inmobiliarios recalcaron la necesidad de resolver desafíos pendientes para consolidar la política de vivienda. La principal preocupación del sector se centra en la Vivienda de Interés Público (VIP) y el tercer segmento de la VIS, los cuales representan el mayor volumen de inversión y generación de empleo dentro del mercado de la construcción.
Actualmente, los topes máximos de la VIP se mantienen indexados al SBU, un indicador cuya evolución no ha compensado el incremento registrado en los insumos de la construcción durante los últimos tres años.
“El costo de los materiales ha crecido muy por encima del salario básico. Es momento de abrir una mesa técnica para revisar los límites de la Vivienda de Interés Público, un segmento clave para reactivar la inversión privada y la economía nacional”, concluyó Proaño.
